Distorsiones producto de la criminalidad en Venezuela
Impacto en la institucionalidad en Venezuela
En una investigación realizada entre los años 2020 y 2021, Transparencia Venezuela identificó que Venezuela es foco de actividades económicas y negocios ilícitos de grupos criminales que operan a escala local e internacional y cuyos principales hallazgos se consignaron en el documento Economías ilícitas al amparo de la corrupción (Transparencia Venezuela marzo 2022). Esa investigación incluyó un análisis sobre el narcotráfico, el contrabando de combustible, el tráfico ilegal de oro, el contrabando de chatarra, la corrupción en puertos y aeropuertos, y se reseñaron los datos más destacados de los grupos criminales responsables más importantes.
Las organizaciones criminales en Venezuela bajo la estructura de red se comportan como entramados que se mueven según las circunstancias, se adaptan a los cambios y tienen capacidad para sobreponerse a las adversidades que enfrentan sus líderes y sus negocios, al tiempo que actúan en coordinación con actores legales, ilegales y grises de la sociedad. Las redes criminales, principalmente las más numerosas, tienen subredes que se organizan en distintas localidades geográficas, diversifican sus actividades ilícitas y relaciones que facilitan sus objetivos.
Los altos niveles de corrupción, la falta de transparencia y de rendición de cuentas, la captura de los sistemas de pesos y contrapesos a la gestión – donde el poder Ejecutivo tiene control y decisión sobre el resto de los poderes públicos-, así como la aplicación y la expresión de la discrecionalidad, crean el entorno institucional venezolano favorable para la actividad criminal. Desde hace años se produce un ciclo perverso en el que algunas instituciones del Estado – infiltradas, manipuladas, y cooptadas- dejan de funcionar imparcial y democráticamente para garantizar los derechos fundamentales y el bienestar general, y pasan a favorecer intereses particulares, muchas veces estrictamente criminales.
En esta nueva investigación del impacto de las economías ilícitas en 2022 y 2023, se presenta una mirada distinta basada en el relevamiento de datos, información y análisis. Sabiendo que en las redes ilícitas convergen agentes estrictamente criminales que aportan su capacidad para ejercer violencia y demandan recursos económicos, información y protección proporcionada por facilitadores o agentes grises como funcionarios públicos, empresarios, abogados, banqueros, y cambistas, entre otros puentes estructurales, concentramos el análisis en entender y caracterizar:
- Las formas de cooptación entre los agentes legales, ilegales e indeterminados, internos y externos a las instituciones del Estado, que, en la práctica, constituyen los mecanismos de cooptación y operación de las redes criminales identificadas. Estas formas de interacción incluyen:
- El ejercicio de coerción y violencia; por ejemplo, intimidación y formas de explotación y esclavitud moderna.
- El intercambio de recursos políticos, que abarca el apoyo mutuo entre líderes políticos y agentes estrictamente criminales (oscuros), así como la formación y la promoción de partidos y movimientos políticos por parte de esos agentes criminales, por ejemplo.
- El flujo de capital social con empresarios, abogados, y otros facilitadores que proporcionan legitimidad, información, e incluso seguridad para la operación criminal.
- Los tipos de agentes intervinientes para identificar los roles más relevantes y determinantes en la estructuración y operación de la red criminal, principalmente en la comisión de violaciones de derechos humanos.
- El nivel de cooptación y reconfiguración de instituciones, lo cual se refleja en los efectos y distorsiones de corto, mediano y largo plazo en las esferas económicas, de aplicación de justicia, políticas, sociales y culturales. Se espera analizar estas distorsiones a escala local, nacional y trasnacional.
Para lograr esta caracterización, se investigaron empíricamente los siguientes elementos:
El entorno institucional favorable para el delito
Durante la última década múltiples redes criminales han surgido y se han fortalecido en Venezuela, expandiéndose a otros países de la región; una situación que se seguirá propagando a medida que se profundiza el desorden institucional del Estado venezolano.
Las características principales del caos institucional que signan la vida social en Venezuela son la impunidad y la corrupción generalizada, en términos de gran corrupción, macrocorrupción y cooptación institucional.
En este informe se analiza los principales cambios institucionales que durante las últimas dos décadas crearon ventanas de oportunidad institucional e incluso promovieron la actividad criminal generalizada, haciendo de Venezuela un punto de inestabilidad hemisférica.
Identificamos los hitos legales, institucionales y políticos que han favorecido el crecimiento de las redes criminales y las economías ilícitas como, por ejemplo: modificación del Código Orgánico Procesal Penal y la creación de las zonas de paz, entre otros. Estos hitos se presentarán en una línea de tiempo.
Las distorsiones que reflejan la intensidad de la actividad criminal
Por lo general, la intensidad de la actividad criminal se mide cuantitativamente con estadísticas de delitos. Sin embargo, cuando una red criminal alcanza un nivel avanzado de cooptación institucional y consolida su poder social, político e incluso cultural, el ejercicio de la violencia se vuelve un recurso redundante y hasta contraproducente, que afecta la capacidad de la red criminal para operar exitosamente al interior de las instituciones.
Así, en situaciones de Pax mafiosa –como las observadas en regiones de México durante las décadas de hegemonía política del PRI y de hegemonía criminal del Cartel de Sinaloa (Astorga, 2010)-, el mercado de capacidades institucionales tiende al equilibrio y los agentes intervinientes tienen más incentivos para preservarlo mediante acuerdos políticos y económicos de largo plazo, que mediante los efectos inmediatos y temporales del ejercicio de la violencia o los sobornos esporádicos. Por lo tanto, en estas situaciones las estadísticas de actos delictivos no necesariamente reflejan la verdadera intensidad de la actividad criminal ni su nivel de cooptación, injerencia y control de las instituciones, de manera que las metodologías y los indicadores cuantitativos deben complementarse con análisis cualitativos, que informen acerca del nivel de cooptación y distorsiones que los intereses y las actividades criminales han causado en la vida económica, social, política y cultural de la población.
A partir de un instrumento cualitativo, se realizaron entrevistas y visitas de campo, donde se indagó el nivel de intensidad de las distorsiones en cinco dimensiones cuyas preguntas permiten una aproximación para entender el nivel de penetración y consolidación del poder criminal en un municipio, un estado, o una región. La investigación se dirigió a estudiar las distorsiones institucionales, económicas, políticas, sociales y culturales, es decir cómo las economías, flujos y redes ilícitas han afectado de forma negativa cada uno de esas cinco dimensiones de la realidad nacional.
Siguiendo a North (1991), definiendo las instituciones como “las reglas de juego en la sociedad”, incluiríamos las distorsiones institucionales como reflejadas (y analizadas) a partir de las distorsiones en la correcta aplicación (administrativa/política) de esas reglas de procuración de justicia y de funcionamiento administrativo.
Además, se elaboró una base de datos con registros periodísticos e informes desde abril 2022 hasta mayo 2023 sobre la actividad delictiva en las entidades federales objeto de este estudio.
