Ciudad Bolívar y Ciudad Guayana son los puntos de llegada de cualquier persona que quiera viajar al Arco Minero del Orinoco, al Parque Nacional Canaima o cruzar la frontera hacia Brasil. En estas ciudades del estado Bolívar ya se ve el impacto del oro como antesala de la vida en los pueblos mineros.

No hay que salir de esas ciudades para conocer la precariedad en la que vive la mayoría de la población y la violencia que marca sus vidas. Comenzando por los servicios públicos.

Los dos ríos más grandes y caudalosos de Venezuela, el Orinoco y el Caroní, hermosa presencia visual y auditiva que bordea Ciudad Guayana (formada por Puerto Ordaz y San Félix) y Ciudad Bolívar, no son suficientes para que el agua llegue a los grifos de las casas. Ni en Puerto Ordaz, construida en los años 50, con calles totalmente asfaltadas y con grandes avenidas, llega con regularidad el agua por las tuberías.

Las comunidades han resuelto el acceso al agua a través de aljibes, pozos privados, equipos de bombeo propios, instalación de tanques de agua en cada casa, y la distribución de agua al detal. Por las calles de San Félix y de Ciudad Bolívar es común ver a hombres jóvenes y mayores empujando carruchas con grandes tanques para vender agua a los vecinos que aprovechan de llenar ollas o envases de todo tipo.

A pesar de que la Central Hidroeléctrica «Simón Bolívar» que genera electricidad para casi todo el país se encuentra en el estado Bolívar, en esa entidad el servicio de energía tiene muchas intermitencias. La agudización de la crisis eléctrica que se registró en Venezuela a partir abril 2022 también atacó a Bolívar.

En relación con la seguridad, hay cierto consenso entre los entrevistados en que se ha reducido la violencia en Ciudad Guayana y se atribuye este “logro” a dos razones terribles: por un lado, “los delincuentes migraron a las minas”. Por otro lado, los colectivos/pranes ya controlan los barrios más peligrosos, el mercado de ilícitos y “mantienen la paz”.

Analistas de la zona consultados recuerdan cómo en un principio la estrategia del presidente Chávez fue instalar un colectivo en cada barrio; algunos de estos colectivos lograron el control e impusieron su paz, pero la gente de la comunidad tiene que pagar por ello: “mientras se lleven billetes hay paz”, afirma el padre Carlos, párroco de la parroquia Vista al Sol, uno de los barrios más extenso de América Latina con una población de 80.000 personas, que padecía alta conflictividad desde 2003, pero donde poco a poco los delincuentes se fueron agrupando en bandas.