El crimen organizado prolifera en Venezuela a la vista de todos: narcotráfico, extracción ilegal y tráfico de oro, coltán, rodio, cobre; contrabando de combustible, ganado, madera y chatarra, de armas, cigarrillos, licores; la extorsión y el cobro de vacunas; así como el tráfico de personas.

Son estructuras que operan en zonas de desarrollo productivo -como los estados Zulia y Bolívar- contra grupos poblacionales específicos, contra pueblos y hasta ciudades. Su radio de acción es amplio porque se trata de organizaciones delictivas nacionales con conexiones internacionales, o extranjeras, entre las que se cuentan el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a los que recientemente se suman los carteles de la droga mexicanos con presencia en el eje fronterizo con Colombia .

Los grupos estructurados del crimen actúan en Venezuela ante un Estado que juega un doble papel. Por un lado, con operativos militares y policiales -84 operaciones antidrogas solo en 2022, según la Superintendencia Nacional Antidrogas (SUNAD)- que lucen contundentes cuando se difunden a la opinión pública, pero que en la realidad son percibidos como acciones poco efectivas; y, por otro lado, se observa un rol permisivo, complaciente y en algunas zonas cómplices del crimen organizado que domina territorio, poblaciones y economías ilícitas a la vista de todos.

Esta cara de la moneda muestra una simbiosis entre Estado y organizaciones criminales. Las funciones, roles y actividades se confunden entre ellos; comparten cuotas de poder, control social y obtienen enormes beneficios económicos, tal como lo han arrojado análisis previos de Transparencia Venezuela.

En este capítulo presentamos los resultados de la investigación realizada entre 2022 y 2023 sobre el papel del Estado venezolano frente a estos ilícitos, a través del análisis de las acciones y decisiones de sus instituciones. En primer término, se examina la actuación del Ministerio Público ante el crimen organizado, pues es el organismo que detenta la dirección de la investigación de los delitos y el monopolio de la acción penal, luego de la instauración del sistema acusatorio en materia penal, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) .

En el segundo aparte de este capítulo, evaluaremos las políticas públicas y cambios legislativos que fortalecieron y protegieron al crimen y la corrupción en 2022 y hasta junio del 2023.

Las instituciones en Venezuela han sufrido un desmantelamiento progresivo, una suerte de “desinstitucionalización”, que ampara el delito en la actualidad. Son acciones reiteradas y sistemáticas impulsadas por un grupo que todavía ostenta altos niveles de autoridad, luego de más de 20 años en el ejercicio gubernamental.