El default en el que incurrió el Estado con sus bonistas en 2017, así como las sanciones aplicadas por Estados Unidos, a partir de ese mismo año, han aislado a Venezuela del sistema financiero tradicional. Sin este acceso, existen consecuencias muy significativas para el país, entre las que destaca la imposibilidad de adquirir nuevos créditos para financiarse y enormes limitaciones para comercializar sus productos lícitos.

Los créditos estatales constituyen una herramienta de suma importancia para regular los flujos de caja de los países y, usualmente, ayudan a financiar el gasto público. Ante la ausencia de esta herramienta fundamental, los países tienden a financiar su gasto con sus ingresos ordinarios. En el caso de Venezuela, el aislamiento del sistema financiero ocurrió simultáneamente con el desplome de su mayor fuente de ingreso: la industria petrolera.

La mezcla de la decadencia inédita de una industria petrolera ejemplar de América Latina con la separación de Venezuela del sistema financiero internacional presionó a Nicolás Maduro a buscar fuentes alternativas de ingreso y una de ellas ha sido depurar al mismo Estado.

El gobierno redujo el tamaño del Estado al disminuir las funciones que ofrece y los bienes públicos que provee, y al vender o traspasar parte de sus activos para financiar sus necesidades más básicas. Aunque el proceso de venta de activos del Estado no es ilegal en sí, existen muchas sospechas sobre su proceder bajo la actual administración. Hasta ahora, estas negociaciones no han seguido los procedimientos regulares descritos en el marco jurídico venezolano y el hecho de que existan dos Asambleas Nacionales, cada una con un reclamo de legitimidad, hace cuestionar su legalidad.