CAPÍTULO 4
ECONOMÍAS ILÍCITAS ZULIA
Tipos de ilícitos y actores
El contrabando de combustible, el narcotráfico, la corrupción en puertos y aduanas, así como el comercio irregular de chatarra son actividades de economía negra existentes en Zulia. El narcotráfico y el contrabando de combustible son los que tienen mayor relevancia, según las entrevistas realizadas.
En el caso del contrabando de chatarra y de otros “materiales estratégicos”, hay hechos corroborados de desinstalación irregular o clandestina de infraestructuras propiedad del Estado, cuyo destino está vinculado a extracción de componentes y metales.
Los expertos consultados en el estado Zulia tienden a creer que las megabandas más conocidas en la entidad se han transformado debido a la disgregación, los enfrentamientos entre ellas o la división.
Entre las bandas que han operado en la entidad está “La Zona”, también llamada “Los Chacones” o “Los Mercenarios”. Esta organización está parcialmente inactiva por la atomización de la banda original debido a sucesivos enfrentamientos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y un grupo élite de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES).
Inició sus actividades delictivas en 2017 y la conformaron aproximadamente dos docenas de miembros. Uno de sus líderes, alias “Cheo el Guajiro”, resultó gravemente herido en 2019 en un tiroteo con las FAES, mientras que Néstor Castillo Castillo, alias “Carne Molida” (cabecilla de operaciones de la banda) fue detenido en Maicao el 31 de diciembre de 2018, salió de la cárcel con una medida sustitutiva en 2020 y no se sabe si se reagrupó con el líder principal, Douglas Chacón, alias “Douglita”.
Periodistas basados en Maicao sostienen que los integrantes de la banda siguen cometiendo delitos de narcotráfico, contrabando de combustible, tráfico de armas y sicariato en la frontera con Colombia, pero ya no están operativos en las trochas ni en poblaciones de la Guajira venezolana como Guarero y Paraguaipoa. Han establecido alianzas con la banda “Los Morrocoys”.
Otra de las organizaciones que ha estado presente en el estado Zulia es la banda “Los Palmar” o clan “El Moushana”. En 2021 la banda ya estaba muy disminuida y algunos de sus integrantes habían sido apresados o asesinados en enfrentamientos con “La Zona”, los organismos de seguridad colombianos o los grupos paramilitares.
Uno de los nombres más destacados en la entidad es el de la banda o clan familiar “Los Meleán”. Después de la detención de Tirso Meleán en Texas (EE. UU), la banda se ha concentrado en los municipios Miranda y Santa Rita de la costa oriental del lago de Maracaibo. Su cabecilla es Jefferson José Nava Jiménez, alias “Jet Nava” e iniciaron sus actividades, al igual que “Los Palmar”, alrededor del año 1990. Está integrada por varias decenas de personas dedicados al narcotráfico, tráfico de armas, extorsión, ‘vacunas’ y secuestros.
La banda de “Los Meleán” ha estado en constante guerra con la banda de “Los Leal”. Esta última organización ha sido vinculada a la gobernación del estado Zulia entre 2017 y2021.Se sospecha que la banda opera actualmente disgregada en varios grupos que ejecutan el delito de extorsión en los municipios La Cañada de Urdaneta, Jesús Enrique Lossada y Maracaibo, fundamentalmente.
Hasta 2021, “Los Leal” tenían alianza con el Grupo Armado Yeico Masacre, liderado por Erick Alberto Parra Mendoza, alias “Yeico Masacre”. Esta banda está integrada por más de 100 personas dedicadas al microtráfico de drogas, tráfico de armas, extorsión, ‘vacunas’ y secuestros. De acuerdo con algunas fuentes consultadas, también ha tenido alianzas con el Tren del Norte (Colombia) y la banda de alias “Niño Briceño”.
Otra de las bandas que opera en Zulia es la de “Los Gavilanes”. Luego de sus enfrentamientos con “La Zona” por el control del área de Guarero y las trochas “La 80” y “La Cortica”, este grupo quedó disminuido y minimizó sus actividades. Su cabecilla es alias “el Gavilán” Fernández e inició operaciones en la década de los 2000. Se dedica principalmente al narcotráfico y el contrabando de combustible. Tras la aparición de “La Zona”, ha tenido alianzas circunstanciales con “Los Palmar”.
En el estado también hay reportes de operaciones de las bandas “El Cagón”, “Los Cascas” y “Los Chómpiras”, que operan fuertemente en los municipios Baralt y Valmore Rodríguez, en los límites con el estado Trujillo, en la costa oriental del lago de Maracaibo. Se dedican a extorsionar a ganaderos y pescaderos, entre otros delitos.
En relación con los grupos guerrilleros que operan en el estado Zulia, se reporta la presencia del ELN en el suroeste del municipio Guajira, el municipio Mara, el lado fronterizo de los municipios Jesús Enrique Lossada –especialmente en la zona de El Diluvio, a pesar de la cercanía de un fuerte del Ejército venezolano–, Rosario y Machiques de Perijá y en los municipios Jesús María Semprún y Catatumbo, de acuerdo con la información obtenida en las encuestas realizadas en la entidad para este informe.
Entre los líderes del ELN que han operado en la zona de la sierra de Perijá (municipios Rosario y Machiques) se encuentran alias “Nicolás” y alias “Emiliano”, mientras que en el sur del lago de Maracaibo han sido alias “Moisés Bautista”, alias “Antonio García”, alias “El Tuerto Machena”, alias “Guillermo”, alias “Wilkin” y alias “Mosquerita”. Algunos expertos estiman que hay al menos un centenar de miembros de esta guerrilla en Zulia, auxiliados por el doble en colaboradores. Los encuestados coincidieron en que los delitos que cometen los guerrilleros son el narcotráfico, tráfico de armas, extorsión, ‘vacunas’, secuestros, invasión de fincas, abigeato, reclutamiento forzoso y enfrentamientos con otros grupos criminales. Mantienen una alianza con el cartel Timberland y cuentan con mujeres en sus filas.
Las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), específicamente el Frente 10 y el Frente Suroriental, también están activas en los municipios Guajira, Mara, Jesús Enrique Lossada, Machiques de Perijá, Jesús María Semprún y Catatumbo del estado Zulia, según los datos recabados en las consultas. En Carrasquero, municipio Mara, donde actuaban abiertamente hasta hace pocos años, incluso interviniendo en la seguridad pública y la resolución de conflictos civiles, han mermado su presencia, al punto de que comerciantes del área desestiman que tengan capacidad operativa suficiente para seguir ejerciendo control territorial. Son dirigidas por Javier Alonso Velosa García, alias “John Mechas” y están dedicadas al narcotráfico, tráfico de armas, extorsión, ‘vacunas’ y enfrentamientos con otros grupos criminales.
Además de las megabandas y los grupos guerrilleros, en el estado Zulia se ha reportado la presencia o influencia de al menos cuatro carteles. Uno de ellos es el Cartel de la Guajira. Algunos expertos consideran que desde la detención de su líder, Hermágoras González Polanco, en el año 2008, el grupo se ha disgregado progresivamente, otros plantean que su operatividad fue asimilada por el Cartel de los Soles.
Sobre el Cartel de los Soles, las fuentes consultadas aseguran que sigue plenamente activo, pero se desconoce quién lo lidera en Zulia. Están dedicados al narcotráfico y presuntamente tienen una alianza con el Cartel de la Guajira.
El Cartel Timberland es originario de zonas de Ocaña y Tibú (ambas del departamento Norte de Santander, Colombia), pero actúa en el estado Zulia en un área controlada por el Cartel de los Soles. Comenzó sus actividades a mediados de la década de 2010. Su actividad fundamental es el narcotráfico y tiene alianzas con el ELN. Cuenta con mujeres entre sus miembros.
Otros actores armados que han operado en el estado Zulia son Los Rastrojos (Bloque José Gregorio Hernández). Sus líderes y jefes operativos han sido detenidos o han caído en enfrentamientos con la Policía Nacional de Colombia, por lo que se considera que de la fuerte presencia que tenían en los municipios Jesús María Semprún y Catatumbo quedan remanentes parcialmente activos, aun en confrontación territorial con el ELN. Su líder era Carlos Andrés Rangel Rojas, alias “Comandante Camaleón”, quien presuntamente fue sustituido por alias “El Becerro”. Se estima que en 2020 tenían medio centenar de integrantes, pero la desarticulación del liderato podría haber reducido su presencia a una veintena de paramilitares. Están dedicados al narcotráfico, tráfico de armas, extorsión, ‘vacunas’, secuestros, invasión de fincas, abigeato, reclutamiento forzoso y enfrentamientos con otros grupos criminales.
Algunos trabajadores de Pdvsa en Zulia han participado en el contrabando de piezas de metal, según los reportes. Foto Pdvsa
De la investigación realizada para este informe surge un escenario con gran claridad: La recomposición de las fuerzas y modalidades de los actores criminales como consecuencia de la lucha entre grupos de poder.
En el caso de las bandas y los grupos mencionados anteriormente, no hay indicación de que se hayan extendido a otros estados del país. Solo en el caso de las organizaciones locales que operan en la Guajira hay una movilidad determinada por las condiciones de la frontera en esa subregión, históricamente transitable de un país a otro por parte del pueblo Wayúu. Aunque “La Zona” o “Los Chacones” no es una banda totalmente étnica, pues la integran también criminales de otros orígenes culturales zulianos, la persecución policial y los enfrentamientos con el ELN en propio territorio venezolano la obligó a buscar un refugio ocasional en Maicao y sus alrededores. En Colombia justamente fue donde uno de sus más peligrosos miembros y líderes, alias “Carne Molida”, fue detenido y juzgado.
En la entidad se ha reportado la presencia del Tren de Aragua, la megabanda criminal más grande de Venezuela. Algunos de sus integrantes estarían en municipios de la costa oriental del lago por la gran impunidad existente en esa región. Un miembro importante de esa megabanda fue detenido en octubre de 2021 en Baralt.
Del estudio de las economías ilícitas que se desarrollan en el estado Zulia se evidencian casos de corrupción en los que estarían involucrados funcionarios públicos y efectivos de los cuerpos de seguridad.
Según los reportes, algunos gerentes y trabajadores de Pdvsa, filiales y empresas mixtas, habrían participado en el contrabando de piezas de metal extraídas de gabarras, torres de perforación y estaciones de bombeo de la industria petrolera. Se estima que las partes de mayor formato salen por el puerto de Maracaibo y las pequeñas, por tierra hacia la frontera con Colombia.
Por otro lado, personal de Pdvsa Occidente y PDV Marina, presuntamente, participaría en los ilícitos relacionados con la venta ilegal de combustible. Sus delitos principales serían la desinstalación, vandalización y comercio ilegal de componentes y materiales de propiedad pública, ilícitos en el expendio de gasolina y gas para vehículos, y contrabando de combustibles, con complicidad de efectivos policiales y militares.
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Impacto de los grupos irregulares
y la economía sumergida
Las fuentes entrevistadas en el estado Zulia señalan que la influencia, control e interacción de los grupos delictivos con las comunidades de las localidades donde operan es alta. Sin duda, hay una afectación mayor al sexo femenino, que es la mayoría de la población, en situación de marginación y pobreza derivadas de la corrupción, la desinversión y el estímulo a un modelo económico irregular en el que los hombres tienen un altísimo grado de participación con respecto a las mujeres. Estas formas de intercambio y tráfico tienen un impacto sensiblemente más pronunciado en mujeres y niñas, que además se complica con la indefensión social e institucional y la inexistencia de mecanismos y garantías de protección.
Las causas se atribuyen al quebrantamiento del estado de Derecho, la pérdida de controles entre los poderes públicos y la cooptación partidista de las entidades de gobierno, parlamento, justicia y poder ciudadano, que han creado un escenario general de impunidad que abre el paso a toda clase de actividades ilegales en el ejercicio del poder público, muchas veces asociadas a factores criminales externos con los que se conforman redes locales, nacionales e internacionales de delincuencia organizada. A esta causa institucional habría que añadir el factor territorial fronterizo, el cual incrementa las potencialidades de la economía negra.
En relación con las instituciones públicas consideradas más corruptas, por las fuentes consultadas, se señala, en primera posición, a la FANB. Le siguen organismos nacionales desconcentrados del poder Ejecutivo, como empresas estatales (Pdvsa, Carbozulia, Carbones del Guasare) y la Corporación de Desarrollo (Corpozulia). La Gobernación del estado y las alcaldías ocupan un puesto importante, al igual que los tribunales penales y mercantiles. También se percibe como corruptas a las entidades de servicios públicos, especialmente Corpoelec.
La emergencia humanitaria en Zulia le debe mucho a la artificialidad económica de los negocios ilegales imperantes. La Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez) ha probado desde 2018 que la seguridad alimentaria de las mayorías en áreas urbanas y rurales de la región sufre una alarma constante. La impunidad del crimen organizado y la erosión del tejido formal de la economía por parte de los modelos ilegítimos de negocios, contribuyen grandemente a la privación de garantías de protección de derechos sociales.
Los sectores tradicionales de la economía regional sufren una depresión de varios años, coronada con un período de desinversión, estancamiento y pérdida de mercado. En ese contexto regional, el contrabando de gasolina ahora de Colombia a Venezuela a través de las trochas fronterizas del municipio Guajira se convirtió en una de las vetas de la economía ilegal.
El narcotráfico originado en Colombia encontró, a partir de la segunda década del siglo 21, al estado Zulia como un escenario estratégico ideal para una salida de triple vía: por lago y mar, por tierra y por aire hacia el Caribe.
La debacle misma de Pdvsa y la industria petrolera, incluyendo a las operaciones de las empresas mixtas Petrozamora, Petroquiriquire, Petrowayyu, Lagopetrol y otras 11 firmas, así como el vencimiento operativo de instalaciones lacustres y en tierra convirtieron amplias zonas de explotación en grandes inventarios de chatarra. Esto se convirtió en un negocio atractivo por la abundancia de material en desuso y abandonado, la presunta complicidad de los organismos de seguridad y el valor de oportunidad de toneladas de metal a precios internacionales.
Todo este escenario de economía ilegal ha supuesto la generación de una burbuja artificial de ingresos para la región, estimulando la legitimación de capitales en negocios con fachada formal en áreas del comercio interno y la dinámica inmobiliaria.
Casos destacados
TRANSPARENCIA VENEZUELA
Junio 2022
