CAPÍTULO 2
ILÍCITOS Y VIOLACIONES SE PROFUNDIZAN
DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19
Las denuncias de graves violaciones de derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco han llegado incluso a instancias internacionales, como la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Michelle Bachelet y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, establecida por Naciones Unidas, que han manifestado su preocupación por la situación.
En su informe de julio de 2020, la Acnudh además instó al gobierno venezolano a adoptar medidas urgentes para poner fin a la explotación laboral y sexual, al trabajo infantil y a la trata de personas; velar por la regularización de las actividades mineras con el objetivo de que se respete el derecho a condiciones de trabajo justas y favorables; iniciar investigaciones efectivas y transparentes, además de operaciones de las fuerzas del orden para desmantelar los grupos delictivos y armados que controlan las actividades mineras; hacer frente a la corrupción, enjuiciar y sancionar a los responsables de delitos. También instó a las autoridades a recabar y publicar información de interés público sobre el Arco Minero del Orinoco.
Sin embargo, pese a la urgencia de la situación, las autoridades nacionales no han tomado acciones efectivas que reviertan la violación de derechos humanos en la zona y contribuyan a acabar con los ilícitos. Al contrario, la investigación realizada para este informe arrojó que, en los últimos dos años, durante la pandemia de Covid-19 que ha ralentizado al mundo, la actividad destructiva e ilegal por el contrario se profundizó en el Arco Minero del Orinoco.
El gobierno nacional incrementó su presencia en los pueblos mineros del sur del estado Bolívar, a través de la Corporación Venezolana de Minería (CVM), en manos del mayor general Carlos Osorio, y proliferaron las alianzas estratégicas para el procesamiento de oro.
No obstante, siguió creciendo la deforestación y la erosión de suelos, así como la contaminación de los ríos Yuruari y Cuyuní; aumentó la explosión demográfica por la migración interna, con su correspondiente colapso de servicios básicos; crecieron las barriadas pobres y hay un levantamiento caótico de nuevos poblados.
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El Sistema
Pese a la presencia de más de cinco cuerpos de seguridad y defensa en el estado, se pudo constatar que las bandas criminales en control de las zonas mineras se han consolidado.
Estas organizaciones pasaron de ser conocidas como sindicatos mineros a autodefinirse como el sistema, una clasificación que envuelve la capacidad de estas organizaciones para cumplir funciones similares a las del Estado Nación.
No solo ejercen el poder con el uso de las armas, también imponen un conjunto de normas para resolver conflictos familiares, civiles, mercantiles o penales. A la vez, intentan tapar sus ilícitos a través de fundaciones con las que brindan ayuda a las comunidades que controlan. Aun así, se siguen registrando enfrentamientos con otras bandas armadas y episodios de hostigamiento a las comunidades indígenas, tanto en el estado Bolívar como en Amazonas.
La ausencia de acciones efectivas permite al gobierno lucrarse de la explotación ilegal y desordenada del oro, que se convirtió en una nueva forma de captación de renta.
Desde el Estado se avala esta minería cuando el Banco Central de Venezuela compra, legaliza y comercializa el oro que sabe que proviene de minas en conflicto y que se explotó con sustancias prohibidas, mientras la actividad en empresas estatales es muy reducida.
A este comercio se suma la venta de los lingotes de oro que forman parte de las reservas monetarias de Venezuela y que realiza la gestión de Nicolás Maduro de manera poco transparente.
Al mismo tiempo, las bandas criminales y la red de corrupción se benefician con la explotación ilegal y el contrabando de oro, que es sacado por vías terrestres, aéreas y marítimas, y constituye una de sus principales fuentes de recursos.
TRANSPARENCIA VENEZUELA
Junio 2022
