Estas guías perdieron su razón de ser con la desaplicación del control de precios (aunque la ley sigue vigente) y la aparición de productos nacionales e importados de todo tipo en los mercados del país. Pero son usadas como excusa para abusos y violaciones por parte de algunos miembros de los órganos de seguridad del Estado presentes en zonas urbanas, rurales y mineras del estado Bolívar, que con discrecionalidad e impunidad interpretan a su conveniencia qué es material estratégico, cuál es la sanción por transportarlo y quién la debe aplicar. Es así como hay denuncias de desapariciones forzadas, castigos corporales, robos o cobro de peaje por parte de agentes por cosas tan pedestres como no tener una guía para transportar unas tortas de casabe, o leña para cocinar.

De la descripción de la actividad de los mineros artesanales se observa que existe un trabajo o servicio, primer elemento para identificar si hay o no trabajo forzoso; también se detecta que existe amenaza de una pena cualquiera, si no se someten a las condiciones impuestas y a entregar un porcentaje del material extraído, segundo elemento. En estos casos no puede hablarse de ausencia de consentimiento, que es otro de los elementos, pero aceptar trabajar en condiciones inseguras, contaminantes y expuestos a violación de derechos básicos es producto de una extrema necesidad. Esto además supone una violación al derecho fundamental de la libertad laboral y a la dignidad humana, convirtiéndose también en una situación análoga a la esclavitud.

Una de las peores consecuencias de esta estructura de producción de esclavitud moderna es la indefensión. Las víctimas no tienen donde denunciar, pues si se atreven a hacerlo, se encuentran con un sistema de justicia corrupto y debilitado que no tiene capacidad ni protección frente al crimen organizado. Además, no se atreven a denunciar, exigir respeto y justicia, porque la actividad que realizan es “ilegal”. Son víctimas de explotación y no tienen opciones. Con el tiempo, hay una aceptación de esa forma de vida.