El seguimiento a un caso que data de más de 20 años, en la que están presentes elementos de apropiación indebida, estafa, fraude y prevaricación, revela vicios en los procedimientos y el presunto tráfico de influencias que involucraría a los funcionarios judiciales que llevan la causa

Transparencia Venezuela, 12 de abril de 2021. El sistema de justicia en Venezuela se encuentra fuertemente afectado por la corrupción. Este deterioro general del Poder Judicial y de sus órganos auxiliares debilita el Estado de Derecho, con graves consecuencias para los ciudadanos. De acuerdo con el estudio publicado por la organización World Justice Project, que mide el Índice de Estado de Derecho en diversos países del mundo, nuestro país se ubica en el último lugar de 128 naciones en cuanto a adherencia al Estado de Derecho, mientras que en ausencia de corrupción ocupa el puesto 117 del ranking.  Dicha organización toma en consideración tres formas de corrupción: soborno, tráfico de influencias y apropiación indebida de fondos públicos u otros recursos, respecto a los poderes públicos y los órganos de seguridad del Estado.  Si bien ese índice muestra la magnitud del problema el año pasado, también es cierto que el mismo es de vieja data y que es una consecuencia directa del debilitamiento de las instituciones.

La oficina de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC) de Transparencia Venezuela, a través de la aplicación Dilo Aquí, ha recibido distintas denuncias de corrupción que exponen la realidad que afrontan los ciudadanos que acuden a los tribunales a la espera de obtener justicia. Por ello, se ha considerado oportuno referir algunos de estos hechos, protegiendo la identidad de los denunciantes, a los fines de visibilizar el fenómeno. Uno de estos casos, que contiene elementos de apropiación indebida agravada continuada, estafa agravada continuada, fraude agravado continuado y prevaricación agravada continuada, y que se ventila ante tribunales con competencia en materia penal en el estado Lara, revela el retardo judicial y el impacto de la corrupción en el sistema de justicia de dicha jurisdicción.

Sin avances

El retardo procesal, que contraría y lesiona preceptos constitucionales como el debido proceso, la tutela judicial efectiva y el acceso a los órganos de administración de justicia, derivado de la mala fe de alguna de las partes o de la actuación de los propios funcionarios, ya sean del Ministerio Público, tribunalicios o de comisionados para la realización de alguna experticia requerida por el juez, está presente en las denuncias recibidas por Dilo Aquí. La dilación propicia la corrupción e incentiva el cobro irregular para “agilizar” los procesos.  También el tráfico de influencias, delito previsto en la Ley Contra la Corrupción, que se configura cuando se utilizan las relaciones familiares, de amistad o de superioridad jerárquica que se tienen con algún funcionario público para sacar provecho del ejercicio de su cargo y obtener alguna ventaja o provecho, es una de las formas de corrupción que se presenta con frecuencia en el ámbito judicial.

La denuncia recibida por el equipo de Dilo Aquí desde la entidad larense es un claro ejemplo de retardo procesal y de violaciones al debido proceso. Del caso iniciado en el año 2001, y que aún sigue en curso, han transcurrido ya 20 años.  En la sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que declara improcedente la acción de amparo intentada por los denunciantes, se observaron estos vicios del procedimiento y se ordenó a la Fiscalía Superior del estado Lara que culminara las actuaciones que desde 2007 no se habían realizado.  No obstante, para marzo de ese año, transcurridos 15 meses de este pronunciamiento, la Fiscalía Superior del Circuito Penal de la región no había asignado a ningún fiscal y se mantuvo paralizada la causa.

En la mencionada sentencia, la Sala Constitucional del TSJ reconoce que el Ministerio Público no debió emitir un acto conclusivo solicitando el sobreseimiento de la causa y mucho menos acordarlo el tribunal de primera instancia, cuando aún estaba pendiente de resolución la recusación de los peritos que habían sido designados para la realización de experticia contable.

En el seguimiento a la denuncia procesada por Dilo Aquí se presume que el tráfico de influencias ha sido determinante en la suerte que ha corrido el proceso. Hay indicios de que varios fiscales del Ministerio Público han buscado con sus actuaciones beneficiar a los denunciados, por mediar con algunos de ellos o con sus familiares relaciones de amistad, comerciales y hasta de comadrazgo. De los hechos descritos en la denuncia se desprende que esta institución realiza frecuentemente eventos en uno de los inmuebles objeto de litigio. También se alega la presunta influencia que factores políticos habrían ejercido sobre los funcionarios a cargo del caso, pues familiares directos de los denunciados, que son accionistas principales de conocidas empresas relacionadas con el sector salud, realizan convenios para asistencia médica especializada con la alcaldía de Iribarren para sus funcionarios y presuntamente brindan facilidades a fiscales, jueces y funcionarios de la administración pública, con el objeto de obtener ventajas.  Estas relaciones entre denunciados, sus familiares directos y los fiscales que han tenido conocimiento sobre el caso pueden observarse en publicaciones realizadas en las redes sociales.

ALAC brindó apoyo a los denunciantes y, el 23 de mayo de 2017, envió una comunicación a Zair Mundaray, director general de Actuación Procesal del Ministerio Público, denunciando las presuntas actuaciones irregulares de los fiscales de esa institución que han generado retardos injustificados en este caso.  La respuesta obtenida fue la remisión de la documentación para su respectivo trámite a la Fiscalía 4 Nacional Contra la Corrupción, el 26 de junio del mismo año.  Hasta la fecha no ha habido mayores avances.

Este caso pone en evidencia a un sistema judicial lento e ineficiente, que no solo es incapaz de brindar respuesta oportuna a los ciudadanos, sino que, además, es percibido como corrupto, con lo cual el resultado obtenido por muchos de los que pretenden obtener justicia es la impunidad.