El salario mínimo, las condiciones laborales y contractuales y los bonos otorgados por la administración de Nicolás Maduro no garantizan la subsistencia de los trabajadores venezolanos, golpeados por la crisis humanitaria compleja que enfrenta el país, la contracción económica mundial y la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 

Transparencia Venezuela, 30 de mayo de 2020. De acuerdo con el tercer informe de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) a raíz de la pandemia por el COVID-19, publicado el miércoles 29 de abril, este 1 de mayo los trabajadores tienen poco o nada que celebrar y, por el contrario, se teme que más de 300 millones de personas pierdan sus empleos a tiempo completo a causa de las medidas para frenar la propagación de la enfermedad y mitigar sus efectos en la economía y en el mercado laboral. De igual modo, según el pronóstico de la OIT, la prolongación del confinamiento llevará a más de 1.600 millones de trabajadores del sector informal a perder su fuente de ingresos.

Venezuela no escapa a esta dramática realidad. Con una caída de más del 50% del Producto Interno Bruto (PIB), la llegada de la pandemia vino a profundizar la frágil situación que atraviesan los sectores vulnerables y la clase trabajadora. En respuesta a la paralización comercial por la cuarentena, el gobierno ha anunciado una serie de medidas “de protección” a la población, a todas luces limitadas e insuficientes, y, recientemente, hizo público el tradicional aumento del salario mínimo del 1 de mayo, con un incremento que nada representa para la fuerza laboral en medio de las distorsiones que registra la economía venezolana.

Hoy, cuando los trabajadores conmemoran su día, tienen razones de sobra para cuestionar las medidas y exigir mayores beneficios, sobre todo en el contexto de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país -producto de la Gran Corrupción enquistada en el aparato del Estado-, agravada ahora por la pandemia, la caída estrepitosa del precio del barril de petróleo (principal fuente de ingreso del país), la escasez de combustible (que impacta todas las actividades económicas), la hiperinflación, la devaluación constante impulsada por el tipo de cambio paralelo y la especulación, entre otros elementos, que van en detrimento de la satisfacción de sus necesidades materiales, morales e intelectuales y atentan contra con su derecho a una vida digna junto a sus familias. El balance laboral venezolano es un rosario de penas y dificultades.

Medidas limitadas e insuficientes

Numerosos países han acogido el llamado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a tomar medidas urgentes para amortiguar el impacto de la pandemia en los trabajadores y en más de 436 millones de empresas alrededor del mundo, que también se encuentran en riesgo de ver interrumpida su actividad, Estados Unidos, a finales de marzo, aprobó un plan de estímulo económico de USD$2,2 billones, otorgando casi 350 millones de dólares en préstamos parcialmente condonables a empresas pequeñas y organizaciones sin fines de lucro con menos de 500 empleados. Japón aprobó un esquema por un billón de dólares, equivalente a 20% de su PIB, para salvar vidas y proteger los medios de subsistencia, y avanzar hacia la recuperación económica posterior a la crisis. En China, las acciones incluyen el apoyo a las empresas de material sanitario, transporte y suministros básicos, así como medidas fiscales integrales para empresas, individuos y organizaciones sociales, mientras que, en Rusia, el Kremlin aprobó más de 16.000 millones de euros para ayudas económicas. El plan francés alcanza los 110 mil millones de euros, aproximadamente 5% del PIB del país. Reino Unido ha dispuesto de 330 mil millones de libras, lo que equivale al 15% de su PIB, para otorgar préstamos y garantías a las empresas.

En Latinoamérica, el Banco Central de Brasil puso a disposición 1.200 millones de reales para aumentar la liquidez del sistema financiero. Por su parte, el gobierno colombiano anunció que más de 2 millones de familias serían beneficiadas con ayudas superiores a los 330.000 pesos (80 dólares aproximadamente). En Perú, el gobierno anunció un bono de 108 dólares para los trabajadores.

Mientras en Venezuela, las medidas adoptadas son limitadas e insuficientes. Entre las iniciativas adoptadas por el gobierno de Nicolás Maduro están la ratificación de la inamovilidad laboral hasta el 31 de diciembre y la suspensión por seis meses del pago de alquileres de locales comerciales y viviendas familiares. Se ratificó el Plan Priorizado de Inversión Agroalimentaria con la supuesta intención de garantizar la atención a 7 millones de familias favorecidas con los Clap (Comités Locales de Alimentación y Producción), programa cuestionado por su bajo alcance y dudosa calidad. Además, se anunció la activación de un Plan Especial de Pago de Nóminas a comercios, pequeñas y medianas empresas, por un lapso de seis meses, que alcanzaría a unos seis millones de personas (4 millones de trabajadores independientes y 2 millones de empleados del sector privado). Sin embargo, algunos estudios estiman que los trabajadores de la economía informal representan 50% de la fuerza laboral del país, calculada en 2017 en más de 14 millones de personas. Y, a partir de abril, quienes actualizaron su perfil en el sistema Patria comenzaron a recibir el bono Quédate en Casa, por Bs 450.000, es decir, $2,64 al cambio oficial.

En tanto, el nuevo salario mínimo, anunciado por el ministro del Trabajo, Eduardo Piñate, equivale a Bs 400.000 mensual o 2,34 dólares, según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV), que establecía para ese día un valor oficial del dólar en Bs 170.342,68. No obstante,  si se toma como base el llamado “salario integral”, que incluye los Bs 400.000 correspondientes al bono de alimentación (sin incidencia en los pasivos laborales), el ingreso neto de un trabajador venezolano a partir del 1° de mayo será de $4,69. En igual situación se encuentran los casi 5 millones de adultos mayores registrados en el sistema de seguridad social, cuyas pensiones fueron aumentadas a Bs 400.000. Adicionalmente, recibirán el denominado “bono de guerra” de Bs 300.000, para un ingreso mensual de Bs 700.000, es decir, $4,10 al cambio oficial. El monto del ingreso en ambos casos se reduce de forma drástica si se calcula sobre la base de dólar negro o paralelo, que durante la última semana ha fluctuado entre los 190 mil y los 215 mil bolívares.  

Pero, Óscar Meza, director del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FMV), informó el pasado martes que la canasta alimentaria, que en marzo se situó en 30,2 millones de bolívares, podría cerrar en abril en entre 60 y 68 millones de bolívares.  Lo que significa que, si se mantiene el cambio, su costo rondaría los $349.  Según estudios de ese centro, una familia venezolana promedio necesitaría al menos 273 salarios mínimos al mes para cubrir solo la alimentación.

A este panorama poco alentador para la clase trabajadora venezolana, se suman la devaluación del bolívar, que en la última semana decreció un promedio de 2,25% frente a la moneda estadounidense; y el nuevo mecanismo de control de precios decretado por al gobierno de Maduro que entró en vigencia este lunes, que incluye al menos 27 productos básicos. Esta última medida ha sido rechazada abiertamente por el sector comercial y también por los consumidores quienes temen que con la regulación resurjan la escasez y la venta con sobreprecio en el mercado negro, dominado por los llamados “bachaqueros”.

Como corolario de esta catástrofe, Venezuela figura en la lista de los cinco países en riesgo de padecer de hambruna como consecuencia de la recesión económica que conlleva la pandemia, según el reciente informe del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (FAO, por sus siglas en inglés). 

Los retos de la pandemia

El confinamiento obligatorio y el decreto de alarma fueron prorrogados por 30 días más a partir del 16 de abril, lo que supone la continuación de la paralización casi total de un aparato productivo de por sí golpeado por la crisis. Muchos padres y madres de familia lograron subsistir durante los primeros 30 días de cuarentena con el trabajo a distancia, venciendo las continuas fallas eléctricas y al deficiente servicio de Internet. Otros, cuyo ingreso depende del “día a día” (peluqueros, barberos, comerciantes informales, mecánicos, obreros de la construcción, prestadores de servicios técnicos, trabajadores domésticos y muchos otros) se han visto obligados a desafiar los riesgos de contagio al salir a la calle a ganarse el sustento familiar.

Y aunque el gobierno de Maduro anunció la flexibilización de la medida y se autorizó la salida con fines recreativos en horario restringido a menores de edad y adultos mayores, no se vislumbra el levantamiento a corto plazo de la cuarentena. Ello debe llevar a quienes detentan el poder a reevaluar las medidas de protección de los trabajadores, y plantearse nuevas opciones para garantizar la seguridad de las personas en esta situación y el derecho de los venezolanos a un salario y a condiciones de trabajo dignos durante y más allá de la pandemia.

Ya antes de la emergencia sanitaria, trabajadores públicos de todos los sectores protagonizaron protestas y paros, en demanda de mejores condiciones salariales y el respeto a las reivindicaciones contractuales contra las que atentó el gobierno tras la conversión y el anclaje del salario a la petro moneda en agosto de 2018. Los trabajadores han exigido, una y otra vez, equiparar el salario mínimo al valor de la canasta básica, tal como lo establece la Constitución Nacional, lo cual pasa por la imperativa recuperación económica, y cesar en la aplicación de acciones proteccionistas que solo buscan crear más controles, generan nuevas distorsiones, propician la corrupción y, además, frenan el desarrollo. 

La OIT, en tanto, ha propuesto la reactivación de la economía basada en un alto nivel de creación de empleo, respaldado por políticas e instituciones laborales más fuertes. El gobierno de Venezuela debe responder a la clase obrera y trabajadora del país, y no es con medidas limitadas e insuficientes que los trabajadores recuperarán su calidad de vida y sumarán sus esfuerzos para la recuperación del país.