La crisis exacerbada por la pandemia ha llevado a Venezuela a tener la tasa más alta de desempleo del mundo, a liderar las mediciones de condiciones de miseria y a ubicarse entre los países con las peores remuneraciones, lo que impide a la mayoría de la población tener acceso a la canasta básica y a servicios de calidad

Transparencia Venezuela, 1° de mayo de 2021. Caída estrepitosa del empleo, deterioro de la calidad de los puestos de trabajo, reducción de los ingresos e incremento del empleo informal son algunas de las consecuencias de la pandemia alrededor del mundo. En Venezuela, la llegada del COVID-19 exacerbó la emergencia humanitaria compleja preexistente en el país y acrecentó los preocupantes indicadores sociales y económicos que han dejado a la población indefensa para enfrentar la crisis. En este contexto, este 1° de mayo, organizaciones sindicales independientes han anunciado que en el marco del Día Internacional del Trabajador no solo insistirán en el justo reclamo de sus reivindicaciones laborales -entre ellas un salario digno y un sistema de protección social que les permita tener acceso a la salud-, sino que también exigirán que la clase trabajadora sea incluida en un plan de vacunación masivo y confiable.

Informes de organizaciones civiles y agencias internacionales confirman que, a poco más de un año del decreto de emergencia nacional, se han cumplido los desalentadores pronósticos sobre el impacto de la pandemia en Venezuela. El sector laboral ha sido uno de los más golpeados. De acuerdo con datos publicados esta semana por el Fondo Monetario Internacional (FMI), la tasa de desempleo en el país, entre 2020 y lo que va de 2021, se ubicó en 58,3%. La cifra es considerada por el organismo como la más alta del mundo, y supera a otras naciones como Sudáfrica (29%), Sudán (21%9) y Armenia (17,5%).  

De igual modo, un estudio de la firma FocusEconomics señaló que Venezuela se encuentra entre los países con peores desempeños económicos y advirtió que este año la tasa de desocupación será de 33%. Para expertos como el economista Luis Oliveros, estos datos contrastan con las cifras oficiales que ubican el índice de desempleo entre 7% y 8%. Todo ello en medio de medidas restrictivas implementadas por el Ejecutivo nacional para frenar los contagios, como el llamado modelo 7+7, que consiste en una semana de confinamiento y paralización de actividades económicas por siete días de flexibilización. Estos índices no incluyen al sector informal de la economía y trabajadores por cuenta propia, que según analistas y voceros sindicales representarían el 50% de la fuerza laboral. 

A este panorama de crisis socio-económica se suma el estado de indefensión en que se encuentra la población para hacer frente a la “segunda ola” de contagios del coronavirus, con un sistema sanitario colapsado, una escasez de medicamentos que ronda el 80% en los centros de salud y la incertidumbre generada por la opacidad que existe en torno a la llegada de las vacunas anti COVID-19 y los planes de inmunización implementados, tal como revelan recientes informes de Transparencia Venezuela.

Los más miserables 

Además de la pérdida del ingreso familiar a causa de la cuarentena, los venezolanos padecen los efectos de una inflación anual cercana al 3.700%. Analistas económicos estiman que podría llegar a 5.500% a finales de año. El impacto directo se observa en el costo de los alimentos y otros productos. Registros del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas), señalan que en marzo de 2021 la canasta básica se ubicó en 612.900.945,00 bolívares, el equivalente a US$322,57. Esto significa se requieren 340,50 salarios mínimos mensuales para cubrir el costo.  

Al alto precio de los productos de primera necesidad, la mayoría fijado por vía informal en divisas, se suma la precariedad del salario mínimo establecido por el gobierno de Nicolás Maduro en Bs 1.800.000, que equivale a US$ 0,65 al cambio de la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV).  Como complemento, están el beneficio de ticket de alimentación por el mismo monto y una bonificación especial de 40% del salario base, es decir, Bs 700.000. El total de Bs 4.300.000 representa 1,5 dólares.

Como resultado de tener estos y otros indicadores económicos en rojo, Venezuela se situó en el Índice Anual de Miseria de Hanke (HAMI) 2020 como el país más miserable del mundo, por encima de Zimbabue, Sudán, Líbano. Surinam, Libia, Argentina, Irán, Angola y Madagascar. Es el quinto año en el que la nación lidera la medición publicada en abril por National Review.  

El Índice realizado por Steve H. Hanke, profesor de economía aplicada de la Universidad de Johns Hopkins, calcula el bienestar de los países a través del nivel de “miseria” y “felicidad”, y considera variables como inflación, desempleo y caída del PIB per cápita (30,9%). El informe analizó 156 países, ampliando el análisis de territorios, pues en la edición anterior solo alcanzó 95.

La mayoría de estos estudios coinciden con los resultados de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, Encovi 2019-2020, que arrojó que 93% de los hogares venezolanos sufre de «pobreza de ingresos» y 41% padece pobreza crónica.

Salud en riesgo

Ante la nueva ola de contagios y fallecidos por COVID-19, el sector laboral y la sociedad venezolana en general claman por la aplicación de un plan de vacunación nacional, masivo, que responda a criterios científicos y sin privilegios. Además, exigen mejoras en el sistema de protección social y recuperación de la infraestructura hospitalaria, para que los ciudadanos sin discriminación y distingo de afiliación política, como los impuestos por el Carnet de la Patria, tengan acceso a atención médica de calidad y a los tratamientos.

De acuerdo con el reciente reporte de la Universidad Johns Hopkins, en Venezuela se han presentado 1.865.736 casos de contagio y 1.944 fallecidos por la pandemia. No obstante, diferentes sectores han denunciado que hay un subregistro en las cifras oficiales, las cuales difieren de los casos documentados por organizaciones como Médicos por la Salud.

Hasta abril de este año, habían llegado al país solo 800.000 dosis de vacunas anti COVID-19, enviadas por Rusia y China. Representantes del sector económico como Consecomercio y Fedecámaras plantearon al Gobierno nacional diversas alternativas para colaborar con la inmunización de los trabajadores, pero estas propuestas fueron rechazadas por la administración de Maduro. 

Expertos consideran que el proceso de vacunación no solo inició de forma tardía con respecto a otros países, sino que avanza con lentitud y bajo criterios de priorización que no se corresponden con las recomendaciones de los expertos, tal como se desprende del informe Venezuela: Inmunización política e inestabilidad social, de Transparencia Venezuela. 

Además, Venezuela es el país de la región con el menor registro de inmunizaciones con una cifra de 0,88 vacunados por cada 100 habitantes, por debajo de Paraguay, que tiene un promedio de 1,23. Para el 18 de abril, Chile lideraba las cifras en Latinoamérica con 67,66 inoculaciones por cada 100 personas; Uruguay, tenía 38,72; Brasil, 15,44; y Argentina, 13,74. 

Nada que celebrar

“El gobierno colapsó, no hay sistema de salud, no hay educación, no hay servicios públicos y realmente los venezolanos lo que estamos es sobreviviendo, con alimentos y medicinas que no se pueden comprar y con un salario que no existe”, expresó Carlos Salazar, coordinador de la Coalición Sindical, en reciente entrevista con un medio internacional.

Reiteró que además de la hiperinflación, la masa laboral enfrenta la falta de combustible y de dinero en efectivo para movilizarse. “No tenemos ni cómo ir a trabajar, y el trabajo es ficticio en el sector público”, comentó. 

Ante esta realidad, Salazar anunció que este 1° de mayo, Día Internacional del Trabajador, las organizaciones sindicales independientes del país están convocando a protestar “contra el hambre, la falta de vacunas, el colapso de los centros de salud y la corrupción”. 

A estas exigencias se suman los trabajadores de la salud, uno de los más afectados por la pandemia. La organización civil Médicos Unidos ha alertado que de las 1.720 muertes a causa del COVID-19 reportadas por voceros oficiales, 456 corresponden a personal sanitario. Catorce nuevos fallecimientos se produjeron entre el 6 y el 8 de abril, según la ONG, que también hizo un llamado sobre la necesidad de que se acelere la vacunación contra la enfermedad.