Venezuela es uno de los tres países de América Latina donde los periodistas más denuncian bloqueos o dificultades para tener acceso a la información oficial, situación que se ha agravado durante la crisis generada por COVID-19, según la reciente clasificación de Reporteros Sin Fronteras 

Transparencia Venezuela, 3 de mayo de 2021. La libertad de prensa es uno de los principios fundamentales de la democracia que ha estado bajo riesgo en Venezuela durante las dos últimas décadas. Como ha ocurrido en varios países del mundo, las medidas adoptadas por las autoridades para el manejo de la pandemia sirvieron de excusa para imponer limitaciones al ejercicio del periodismo, la labor de la prensa independiente, el derecho a informar y el acceso a la información. A la par, se incrementó la difusión de informaciones falsas con el fin de engañar o manipular. Este 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, constituye una oportunidad para evaluar estos preceptos y los desafíos que plantean la desinformación y la censura de cara a la nueva realidad post COVID-19.

Organizaciones gremiales nacionales como el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (CNP), han alertado sobre el incremento de los ataques a medios independientes, comunicadores y ciudadanos en tiempos de pandemia. También lo han hecho entes internacionales como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Reporteros Sin Fronteras (RSF), que en su ranking mundial de libertad de prensa situó a Venezuela en el puesto 148 entre 180 países. 

La SIP señaló que en 2020 se reportaron en el país más de 800 ataques a la libertad de prensa, que incluyen detenciones a periodistas, activistas y manifestantes. La organización conformada por medios de comunicación de todo el continente condenó los atropellos a “periodistas y medios, así como la criminalización de la actividad periodística independiente”. De igual modo, denunció que el Gobierno venezolano cerró ocho emisoras y que los medios escritos que debieron migrar al espacio digital “sufren bloqueos discrecionales y puntuales a través de las empresas que ofrecen el servicio de internet”.

Por su parte, el CNP Seccional Caracas contabilizó 335 ataques de la prensa el año pasado, 243 de los casos ocurrieron durante la cuarentena decretada en marzo.   El secretario general del gremio, Edgar Cárdenas, denunció que en 2020 se registró en el país una fuerte arremetida contra estas libertades. “La represión del gobierno contra la prensa independiente se ha vuelto cotidiana y multifacética: detenciones arbitrarias, violencia de las fuerzas del orden y los servicios de inteligencia, cortes a la conexión de internet y bloqueo de las redes sociales, o expulsión de periodistas extranjeros. Las autoridades también privan de frecuencia a las radios y televisiones críticas”, refirió.

Otro año de tropiezos

Espacio Público, organización que vela por la libertad de expresión y de prensa, denunció que en 2020 fueron cerradas 18 emisoras de radio en procedimientos realizados por Conatel y cuerpos de seguridad del Estado. Estas se suman a los más de 200 medios tradicionales que han desaparecido en los últimos cinco años. 

Los ataques a los medios y la censura arreciaron en 2021, según la organización. Al cierre de enero, documentan 18 casos correspondientes a 30 violaciones a la libertad de expresión. En febrero, reportó 19 casos que representan 38 violaciones a la libertad de expresión; mientras que en marzo fueron 18 casos que se tradujeron en 47 vulneraciones a este derecho.  De acuerdo con la ONG, los patrones más comunes son intimidación, hostigamiento judicial, amenazas, censura y restricciones administrativas.

La situación se mantuvo en abril, cuando se registraron casos significativos como la detención de los periodistas zulianos Lenin Danieri y Edwin Prieto mientras realizaban una cobertura periodística en La Villa del Rosario, estado Zulia. También hubo reportes de la presunta detención de activistas de derechos humanos y corresponsales extranjeros que cubrían el conflicto en la frontera entre Colombia y Venezuela, en el estado Apure. 

Asimismo, fue notoria una decisión judicial contra el diario El Nacional -que ya había emigrado al formato digital por restricciones en el acceso al papel-, que le obliga a pagar unos 13 millones de dólares, como indemnización “por daño moral a Diosdado Cabello”. La SIP emitió recientemente una resolución condenando el hecho, mientras que la CIDH expresó su preocupación por esta decisión que, según el organismo, “se da en el marco de una profunda crisis política e institucional en Venezuela, caracterizada entre otras cosas por una cuestionada independencia judicial y un contexto de erosión del Estado de Derecho”.

Debido a este escenario, el país retrocedió del puesto 147 al 148 en el ranking mundial de libertad de prensa 2021 de Reporteros Sin Fronteras. La clasificación que la organización publica cada año desde 2002, evalúa a 180 países de todo el mundo. De acuerdo con el estudio, Brasil, Venezuela y El Salvador son las naciones de la región donde los periodistas más denuncian bloqueos o dificultades para acceder a la información oficial. RSF señala que, antes de la llegada del coronavirus, el continente ya era “territorio hostil” para el ejercicio independiente del periodismo, pero reconoce que la situación se vio agravada por la pandemia. 

Ciberespacio en la mira

Ante el cierre de medios tradicionales y la hegemonía comunicacional estadal, los medios digitales y las redes sociales constituyen una de las principales fuentes a las que acuden los venezolanos para informarse. Este derecho ha sido limitado por los bloqueos a los dominios de medios digitales independientes como Efecto Cocuyo, Radio Fe y Alegría, El Pitazo y Caraota Digital. Durante un operativo realizado en enero, fueron confiscados los equipos y suspendidas las transmisiones de VPItv. En paralelo, la sede del diario Panorama, en Zulia, fue clausurada por cinco días y la página web de Tal Cual fue víctima de un ciberataque. De igual modo, el Observatorio de Internet, VE Sin Filtro, alertó sobre el bloqueo del portal web de InSight Crime, por parte de la estatal Cantv, justo después de que publicara su informe anual sobre homicidios en Latinoamérica, en el que Venezuela figuró como el segundo país más violento durante el año 2020. 

En este contexto, distintas voces de la sociedad civil venezolana y de la comunidad internacional han manifestado su preocupación por la eventual aprobación de una ley que regule el ciberespacio y la reforma a la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, conocida como Ley Resorte. Aunque se desconoce su contenido, al parecer estos proyectos serán discutidos en el seno de la Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre de 2020, de clara mayoría oficialista. Se teme que, tal como ha ocurrido con la Ley contra el Odio aprobada por la extinta Asamblea Nacional Constituyente (2017-2020), dichos instrumentos sean la justificación legal para cercar aún más a la prensa independiente y para perseguir y sancionar a quienes emitan opiniones a través de las redes sociales. 

A este panorama se suman las estrategias de desinformación a través de las redes sociales. Este fenómeno fue examinado en el evento Un año de pandemia, un año de desinformación, promovido por el portal de verificación EsPaja.com en el marco de su segundo aniversario. Durante el evento virtual se reveló que el oficialismo en Venezuela tiene una presencia apabullante en redes sociales como Twitter, a la que suma el apoyo de redes anónimas que posicionan tendencias pro gobierno. No obstante, este medio se ha convertido también en la plataforma por excelencia de la sociedad civil para la protesta digital.  

Un bien común

El tema del Día Mundial de la Libertad de Prensa de este año será «La información como un bien común». Las actividades promovidas por la Unesco para celebrar la fecha harán énfasis en la importancia de valorar la información como un bien de todos y para explorar lo que se puede hacer en la producción, distribución y recepción de contenidos; fortalecer la transparencia en las empresas de internet; garantizar la viabilidad económica de los medios de comunicación; reducir la brecha tecnológica; y valorar y defender el libre ejercicio del periodismo como parte fundamental de la información. 

El organismo reconoce que el tema de las comunicaciones es particularmente importante en el contexto de una pandemia, pues la información incide en la salud, los derechos humanos, la democracia, el desarrollo sostenible y la paz social.