El pasado 15 de octubre, el candidato del partido Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, ganó la Gobernación del Estado Zulia, el más grande del país, con 700.755 votos, es decir, 51,35% del total del sufragio.

A pesar de haber obtenido los votos, el Gobierno de Nicolás Maduro impidió que asumiera el cargo y llamó a próximas elecciones en esa provincia, por la negativa de Guanipa a juramentarse ante la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, lo que no está contemplado en la Constitución Nacional ni en ninguna ley venezolana.

La decisión de la Constituyente de destituir al gobernador electo marca un precedente muy peligroso para Venezuela. Queda demostrado que ya no basta lograr la mayoría de los votos en una elección. Si el régimen chavista insiste en cerrar la vía electoral, los ciudadanos no podrán dirimir sus diferencias de manera pacífica y democrática.

La remoción de Guanipa ratifica que el régimen de Nicolás Maduro está configurándose como un autoritarismo hegemónico y ha decidido imponerse por la fuerza, vaciando de contenido los procesos electorales y el voto de los ciudadanos.

Los venezolanos y la comunidad internacional deben alzar su voz para demandarle al régimen que reconozca la investidura del gobernador Guanipa y que, sobre todo, permita rescatar el valor y la utilidad del voto como un mecanismo para construir democracia y desarrollo. Por otra parte,  las fuerzas de los partidos de oposición requieren trabajar en una organización con capacidad de defender los votos ciudadanos e informar a sus grupos de electores para qué se va a unas próximas elecciones.