Derechos Humanos naufragan ante la degradación de las cárceles en Venezuela
Crimen Organizado, aliado de la corrupción
El informe de la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, corrobora hallazgos de la investigación realizada por un grupo de expertos de Transparencia Venezuela
Transparencia Venezuela, 5 de julio de 2020. En la reciente actualización oral del informe sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela, durante el 44° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Alta Comisionada de ese organismo, Michelle Bachelet, expresó su preocupación por el “patrón de detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso, así como alegaciones de torturas y desapariciones forzadas en los primeros días de detención”. El estudio realizado por la misión de esa agencia que se mantiene en el país, tras la visita de la funcionaria en junio del año pasado, documentó 38 presuntas ejecuciones de jóvenes, entre mayo de 2019 y mayo de 2020, a manos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y otras instituciones armadas. De igual modo, el reporte contabilizó 1.324 muertes en el marco de “operaciones de seguridad”, de las cuales 432 se adjudican al FAES, 366 al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y 136 a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
El documento también ofrece cifras alarmantes sobre la situación carcelaria nacional y da cuenta de las persecuciones y reiteradas violaciones de derechos fundamentales de los ciudadanos, como la libertad de expresión e información. La importancia de este informe radica en que desenmascara ante el mundo una realidad que tiene raíces mucho más profundas y que ha instalado en el país un estado de terror permanente. Las torturas, abusos, juicios injustos, asesinatos perpetrados por cuerpos policiales, masacres cometidas por bandas delictivas y transgresiones de todo tipo que atentan contra la integridad y dignidad de las personas son el pan de cada día del venezolano. Estas acciones, que han sido documentadas y denunciadas por la sociedad civil, son perpetradas desde dos extremos que parecen unirse: la delincuencia organizada y los organismos de seguridad, orden público y defensa nacional a quienes corresponden combatirla.
El informe Crimen, organismos de seguridad y derechos humanos ahonda en esa realidad a través de la voz de las víctimas y de sus familiares. La investigación realizada por un equipo de expertos es el cuarto capítulo de los seis que conforman el estudio Crimen organizado y corrupción: Un problema de Estado presentado por Transparencia Venezuela. La primera parte del trabajo retrata la degradación en las cárceles y calabozos del país, que se han convertido en verdaderos infiernos en la tierra donde, de acuerdo con reportes del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), han fallecido más de 7.000 reclusos desde la llegada al poder de la llamada Revolución Bolivariana. En los últimos 20 años, miles de reclusos también han sido lesionados, muchos de gravedad, con mutilaciones u otras heridas, mientras que enfermedades como VIH, tuberculosis y escabiosis (sarna) pululan tras los barrotes, a causa de aberrantes condiciones de hacinamiento e insalubridad y con escasa o ninguna atención médica.
Luego, el texto vuelve la mirada hacia el espinoso tema de las ejecuciones extrajudiciales. Según se desprende de un informe del Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV), solo en 2018 se registraron en el país 23.047 muertes violentas, de las cuales 7.523 ocurrieron a manos de cuerpos de seguridad del Estado, es decir, una de cada tres muertes se produjo por la acción de policías y militares. La realidad parece indicar que la mayoría de estos decesos ha sido disfrazada bajo la figura de “resistencia a la autoridad” o “enfrentamientos”. Esta realidad también la documentó la ONG Comité de Familiares de Víctimas de la Violencia (COFAVIC), que afirma haber contabilizado 9.563 casos entre los años 2012 y 2018. A partir de 2015, gran parte de las ejecuciones extrajudiciales ocurrieron en el marco de la denominada Operación de Liberación del Pueblo, conocida como OLP. El informe reúne testimonios con historias que se repiten con mucha frecuencia en diferentes barriadas de Venezuela.
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