(Caracas, agosto 2012) En el segundo informe presentado por Transparencia Venezuela, sobre las denuncias en torno a irregularidades en la campaña electoral para las regionales 2012 destaca el uso de espacios públicos para la realización de actividades de proselitismo político.

Las quejas de la ciudadanía fueron procesadas a través del programa de Asistencia Legal Anticorrupción, el cual fue creado con la intención de procesar, evaluar y canalizar las denuncias de los electores en torno a las distintas fases del proceso comicial.

El informe, enviado a la máxima autoridad del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, detalla las irregularidades en las que se ha incurrido durante la fase de campaña, las cuales fueron alertadas por los mismos ciudadanos ejerciendo la contraloría social consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El uso de espacios públicos para actividades de carácter político y en este caso la promoción de un candidato o una determinada tendencia, constituyen un delito de peculado de uso y viola lo establecido en el artículo 76 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, el cual detalla cuáles son los sitios, donde está prohibido la colocación de carteles, dibujos, anuncios y otros medios de propaganda electoral.

Dentro de la lista resaltan las instituciones o edificaciones del Estado, las plazas, las escuelas, las iglesias, hospitales y clínicas, monumentos públicos, árboles, los lugares públicos destinados a actividades infantiles y las casas de particulares sin la debida autorización de los propietarios.

De igual forma, en base a las denuncias recabadas, se destaca la violación del artículo 221 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales el cual prohíbe el uso de bienes públicos para proselitismo político.

Otras de las denuncias recibidas tiene que ver con la destrucción del material electoral, acción que está prohibida en el artículo 206 del reglamento que rige la campaña.

En el Informe de Transparencia Venezuela se proporcionan detalles de las denuncias expuestas y se anexan fotografías para su verificación. Todos estos datos son consignados al Consejo Nacional Electoral (CNE), para su evaluación y posterior actuación en función de garantizar el equilibrio durante la contienda.

Desde el momento en que se inició la recepción de denuncias (15 de junio al 15 de agosto) a través del programa Asesoría Legal Anticorrupción se han procesado un total de 45 irregularidades que constituyen violaciones a la normativa electoral vigente.

Transparencia Venezuela reitera su llamado al CNE para que mejore los mecanismos de recepción de denuncias en cada una de las sede del organismo y además haga público los resultados de las evaluaciones que realizan los fiscales electorales. La ONG recordó que es responsabilidad del organismo comicial garantizar el equilibrio durante las distintas fases de la campaña y la transparencia durante el ejercicio del voto.