Desde la llegada del coronavirus, la sociedad civil ha alertado sobre los riesgos de corrupción en las compras y contrataciones para el manejo y atención de la crisis, y ha cuestionado la información oficial sobre dotación hospitalaria, cifras de contagios y de fallecidos. El plan de vacunación es otra interrogante

Transparencia Venezuela, 13 de marzo de 2021. La rápida propagación del coronavirus causante de la COVID-19, sorprendió al mundo en diciembre de 2019. El brote fue detectado en Wuhan, China, un mes antes; pero fue el 11 de marzo de 2020 cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia mundial. Dos días después, Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva del gobierno de Nicolás Maduro, confirmó los primeros casos en el país. Ese mismo día, el gobernante firmó el decreto de Estado de Alarma en el territorio nacional para atender la emergencia sanitaria. 

A un año de este suceso, a escala mundial se contabilizan 112.079.230 personas contagiadas, de las cuales al menos 2.486.116 fallecieron y 67.803.500 se recuperaron. En el país, el más reciente parte de la Comisión Presidencial para el Control y la Prevención de la COVID-19 reportó 144.277 casos, con 94% de recuperación, es decir, 136.269 personas. No obstante, las dificultades en el acceso a la información pública para corroborar las cifras, en una nación donde desde hace más de 6 años no se publican datos epidemiológicos, ha generado que organizaciones de la sociedad civil, miembros de la comunidad científica, la academia y ciudadanos en general cuestionen la fiabilidad del monitoreo, y expresen preocupación por la verdadera tragedia que se escondería detrás de las estadísticas oficiales.  

Pero la opacidad gubernamental no se expresaría solo en el número de enfermos y fallecidos. La administración de Maduro también ha estado en la mira por la escasa o casi nula información que ha ofrecido sobre los recursos dispuestos para atender la crisis sanitaria. Los venezolanos desconocen cuánto se ha invertido en la adquisición de equipos de bioseguridad para los trabajadores de la salud, medicamentos, respiradores y otros insumos. Tampoco se ha rendido cuentas sobre el destino y uso de materiales donados por organismos internacionales. Ejemplo de ello es lo ocurrido con las 340.000 pruebas de antígeno y los 35 equipos lectores otorgados en octubre por la Organización Panamericana de la Salud (brazo de la OMS en la región), para ampliar la capacidad de diagnóstico. En diciembre, el director de Emergencias de la OPS, Ciro Ugarte, afirmó que solo se habían aplicado 1.600 de estas pruebas, de las cuales 400 habían resultado positivas. 

Mientras, el 1° de marzo de este año, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas en Venezuela (Ocha) reveló que pese a contar con equipos para procesar las pruebas de tipo PCR en los 24 estados del país, el análisis se centralizaba en solo cinco regiones: Táchira, Zulia, Yaracuy, Distrito Capital y Miranda.

Por su parte, hace un año, Transparencia Internacional advertía sobre los riesgos de corrupción en las compras y ofreció recomendaciones a los Estados para asegurar la integridad de las adjudicaciones durante las contingencias. ¿Se han aplicado en el país? Transparencia Venezuela aún espera respuesta a la petición que dirigió, el pasado 24 de febrero, al Ministerio de Salud y a la Comisión Presidencial para el Control y Prevención de la COVID-19 para la remisión de datos públicos relacionados con las negociaciones llevadas a cabo para acceder a vacunas y tratamientos. 

Emergencia en emergencia

Expertos coinciden en que el impacto de la pandemia ha sido catastrófico para Venezuela con respecto a otras naciones de América Latina y el mundo. La llegada de la COVID-19 coincidió con uno de los momentos de mayor precariedad de la Emergencia Humanitaria Compleja que enfrenta la nación suramericana producto del patrón de gran corrupción instaurado en los últimos 20 años. La mayoría de la población depende de un sistema de salud público colapsado y con 80% de escasez de suministros de medicinas e insumos, según registros del gremio médico. A ello se suman la hiperinflación y graves fallas en servicios vitales para hacer frente a la crisis, como electricidad, agua potable y combustible. Además, la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi-2020), estudio realizado por universidades venezolanas, reveló que 93% de los hogares venezolanos presenta «pobreza de ingresos» y 41% pobreza crónica. La medición también determinó que 79,3 % de los hogares no puede comprar los alimentos básicos que requiere, y que 63 % de los venezolanos no ingiere la cantidad completa de calorías que necesita cada día, lo que ha generado preocupantes índices de inseguridad alimentaria y desnutrición.

Esta realidad, aunada al limitado acceso a la información y a la falta de políticas públicas eficaces y sostenibles en el tiempo, han dejado a los venezolanos prácticamente indefensos para afrontar la pandemia. Además, muchas de las medidas restrictivas y económicas ejecutadas por el gobierno de Maduro, a lo largo de este año, no han aliviado el devastador impacto de la crisis en el sector productivo y solo han servido para incrementar el control sobre los ciudadanos. Las acciones coercitivas, el confinamiento obligatorio en centros no aptos para tal fin (hoteles, iglesias o escuelas), especialmente en estados fronterizos como Táchira y Zulia, donde, según testimonios, muchos pacientes permanecían sin alimentos ni atención médica, han llevado a la población a evadir la supervisión de las autoridades y, en muchos casos, a guardar silencio sobre su situación de salud y optar por seguir “tratamiento” en su domicilio. 

Intereses e improvisación

La conflictividad política es otra variable del caso venezolano. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha criticado el uso de medidas de emergencia como “un arma para aplastar el disentimiento” y alertó sobre la “falta de transparencia” en las cifras proporcionadas por el gobierno de Nicolás Maduro. Las persecuciones, amenazas y la censura a la prensa independiente, trabajadores de la salud, dirigentes opositores y hasta a las academias científicas que han alertado sobre el impacto real de la COVID-19, también se han multiplicado a lo largo de estos 12 meses. El país, que fue conducido en plena pandemia a un proceso electoral el 6 de diciembre para nombrar a una nueva Asamblea Nacional, ha estado inmerso en una sucesión de desaciertos y medidas improvisadas que parecen responder más a la agenda política de la administración central y el partido de gobierno, que a una verdadera preocupación por resguardar la salud de los venezolanos.

El más reciente capítulo de este drama llegó con las primeras 100.000 dosis de vacunas Sputnik V fabricadas en Rusia, de un total de 10.000.000 anunciados por el gobierno nacional. La campaña de inmunización contra la COVID-19, iniciada el 18 de febrero de 2021, incluyó a trabajadores sanitarios de centros piloto ubicados en Caracas, Miranda y Vargas; a militantes del oficialismo, diputados, policías, militares y otros funcionarios públicos. La población de alto riesgo como adultos mayores y enfermos crónicos no fue mencionada en esta primera fase. 

En este contexto, cobra relevancia la solicitud de información realizada por Transparencia Venezuela, toda vez que también se desconoce cuál es la población considerada prioritaria para el programa de aplicación de las 500.000 dosis del fármaco chino Sinopharm, que arribaron al país el lunes 1° de marzo. Tampoco se ha informado a los venezolanos en cuáles condiciones se hizo la negociación, si fue producto de un donativo o de un acuerdo de intercambio comercial entre ambos países. 

Lo cierto es que, a un año de la pandemia, además de la cuarentena, la opacidad y la censura son los rasgos distintivos de la emergencia sanitaria en Venezuela.

Así ha transcurrido la pandemia…