Desde antes de la llegada del COVID-19, numerosas agencias y organismos internacionales con presencia en el país adelantan esfuerzos para mitigar el impacto de la emergencia humanitaria compleja en la población vulnerable

Transparencia Venezuela, 19 de agosto de 2020. La celebración del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria coincide con uno de los momentos más complejos para el planeta, en lo que va de este siglo. La fecha, instaurada en diciembre de 2008 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para honrar a los trabajadores humanitarios, cobra relevancia en el contexto de la emergencia sanitaria global provocada por la propagación del COVID-19. La pandemia se ha convertido en la peor amenaza para la salud, la economía y la estabilidad social en el mundo. En medio de esta catástrofe, organismos internacionales como la ONU, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la Cruz Roja y la Unión Europea, entre otras, han activado mecanismos de respuesta humanitaria, sin precedentes, para las poblaciones más vulnerables. Estos esfuerzos implican la movilización de inmensos recursos económicos y de personal humanitario hacia las naciones receptoras de la ayuda. 

Según cifras de las Naciones Unidas, los trabajadores humanitarios han tenido que sortear obstáculos para mitigar las crisis en 54 países, así como en otros 9 que han sido catapultados a la necesidad humanitaria por la pandemia. Este año, el principal reto que deben superar las operaciones humanitarias es la falta de acceso y las restricciones impuestas por los gobiernos de todo el mundo, así como los riesgos de corrupción en los procesos de ayuda. Esto ha provocado que en primera línea de respuesta se encuentren las propias comunidades, la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales locales. 

Pero el caso de Venezuela es aún más desafiante. Desde 2015, el país enfrenta una emergencia humanitaria compleja como consecuencia del patrón de gran corrupción identificado en diversos estudios de Transparencia Venezuela. Esta realidad compromete derechos humanos esenciales como la alimentación, salud, educación y acceso al agua. Reportes de organismos internacionales han señalado que más de 9,3 millones de venezolanos están en situación de hambre como resultado de inadecuadas políticas públicas y fracturas institucionales. Expertos han advertido que las medidas adoptadas por el Estado para mitigar la crisis han sido insuficientes y se espera que en los próximos meses la inseguridad alimentaria y la desnutrición revelen cifras alarmantes.  De igual modo, el impacto de la emergencia sanitaria ha evidenciado la destrucción del sistema de salud, lo que ha causado la reaparición y propagación de epidemias erradicadas décadas atrás y miles de muertes en creciente ascenso. Por otra parte, más de 5 millones de venezolanos han salido del país para escapar de la crisis. Este desplazamiento humano, considerado el segundo más grande del mundo y el primero de América Latina, constituye en sí mismo otra tragedia sobre la que la comunidad internacional ha puesto la mirada.

Manos solidarias 

ACAPS, organización independiente que agrupa a analistas de necesidades humanitarias fundada por Save the Children y el Consejo Noruego para Refugiados, catalogó a Venezuela de “inaccesible” en cuanto a la capacidad para llegar a las personas afectadas por la crisis, así como a la capacidad de la población afectada para acceder a la asistencia. Según un informe de 2018, “el gobierno no reconoce la escala de las necesidades humanitarias en Venezuela y no permite que la mayoría de las agencias humanitarias y la ayuda lleguen al país”. Sin embargo, numerosas organizaciones han solicitado fondos, gestionado ayuda, movilizado personal y contratado agencias locales y voluntarias para asistir a los venezolanos en situación vulnerable. Estas iniciativas se han extendido a ambos lados de las fronteras con Brasil y Colombia, donde la respuesta humanitaria se ha hecho insuficiente ante el impacto que ha tenido la pandemia en quienes permanecen en otros países sin trabajo y, por ende, sin acceso a vivienda, salud y educación.

Desde antes de la llegada del COVID-19, ya estaban presentes en Venezuela misiones de diferentes agencias para brindar asistencia humanitaria. Destacan los esfuerzos del personal de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), cuya oficina abrió sus puertas en 1991 para cumplir una labor de enfoque comunitario. ACNUR trabaja en 74 comunidades priorizadas de todo el territorio nacional, con el apoyo de 350 promotores comunitarios, comités y redes de jóvenes y mujeres. En 2020, la agencia mantiene su presencia en las zonas fronterizas con Colombia y Brasil, ampliando su intervención en zonas en tránsito hacia otros países. Con el lanzamiento, a mediados de 2019, del Plan de Respuesta Humanitaria en Venezuela, la agencia ha asumido un nuevo rol que amplía el alcance de sus operaciones y el número de sus beneficiarios en el país. 

También realiza labores de asistencia a la población vulnerable del país el personal de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), así como representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea (ECHO), la Cruz Roja Internacional, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), entre otras. Además de decenas de organizaciones locales como Fe y Alegría y Cáritas Venezuela. Mención aparte merece la misión de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que, si bien cumple funciones de observación en materia de vulneración de derechos humanos, es un actor fundamental para visibilizar la actuación del Estado y el impacto de la corrupción.

Pandemia y riesgos de corrupción

Durante un reciente foro auspiciado por Transparencia Venezuela, Karen Hussmann, directora del proyecto de Transparencia y Anticorrupción de la Unión Europea, señaló que, aunque indignante, la ayuda humanitaria es víctima de corrupción en muchos países y que no ha sido distinto en las respuestas al COVID-19. Según dijo, desde 2010 hasta 2020 la ayuda a escala global pasó de 16.000 millones de dólares a 28.000 millones de dólares. “Es mucho dinero que se está gestionando. Muchos de los países en que se concentra la entrega de ayuda humanitaria tienen altísimos riesgos de corrupción. Por otro lado, las presiones de tiempo para entregar la ayuda no permiten aplicar todas las medidas de prevención. Todo ello aumenta considerablemente los riesgos de corrupción”.

En ello coincidió  Pablo Torrealba, jefe de la oficina de ECHO en Caracas, quien mencionó como eventos de corrupción más comunes en este contexto el sobreprecio en las compras, aumentar falsamente el número de beneficiarios para recibir más fondos y el uso de la ayuda humanitaria con fines políticos. “Nos preocupan los esquemas de corrupción en el contexto de la ayuda humanitaria porque reducen el derecho a recibir cierta ayuda a la población que sufre por un evento natural o causado por el ser humano. Cualquier acto de corrupción tiene implicaciones directas en la capacidad de llegarle a la gente”. 

Para Susana Raffalli, nutricionista reconocida por su labor como asesora de respuesta humanitaria de Cáritas para Venezuela, todos los elementos que propician la corrupción en contextos de ayuda humanitaria están activos en el país.  “Es más factible en Estados frágiles en los que la institucionalidad y los marcos de regulación no existen o son letra muerta; donde la corrupción es un hecho común o lo damos por normal y cuando la confianza en el sistema se debilita”. Raffalli alertó sobre los riesgos adicionales que supone la pandemia, pues se trata de “una emergencia en emergencia”, a los que se sumaría la campaña ante un eventual proceso electoral convocado para diciembre, pues “crean el terreno perfecto para que el Estado venezolano comience a utilizar la ayuda humanitaria que llega al país con fines proselitistas”.

Agregó que las recomendaciones aceptadas universalmente para disminuir los riesgos de corrupción en ambientes de ayuda humanitaria incluyen mapear los riesgos en cada etapa; divulgar información sobre la ayuda que se va a entregar de forma transparente a los socios y beneficiarios; disponer en los espacios de distribución de ayuda mecanismos de administración de quejas y denuncias; abrir el debate sobre la corrupción; división de funciones para el monitoreo interno;  contratar monitoreos independientes y dar cabida a la auditoría ciudadanas.

Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, coincidió en que la ayuda humanitaria está en riesgo permanente de perderse y no llegar al beneficiario, al que más lo necesita, por lo que urge darle interés prioritario al análisis de esos riesgos que se incrementan por el sentido de urgencia. Destacó que cuando un país requiere ayuda humanitaria es porque tiene destruido o casi nulo el sistema institucional, de manera que es mucho más necesario que la asistencia tenga esos sistemas de control y contrapesos. 

De Freitas exhortó a invertir en sistemas anticorrupción y fomentar la separación de poderes, el registro riguroso de cada decisión, personas involucradas en la asistencia y beneficiados, así como la rendición sobre la base de los resultados. Estas recomendaciones serán claves de lograrse la meta propuesta por el nuevo Plan de Respuesta Humanitario para Venezuela 2020, lanzado a mediados de julio  por OCHA, que solicita a la comunidad internacional de donantes 762,5 millones de dólares, el triple del año pasado.  

Además de rendir tributo a los trabajadores humanitarios, garantizar que los recursos no se desvíen y que lleguen a quien más los necesita debe ser la consigna de este Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. De igual modo, se debe garantizar la protección y seguridad a quienes arriesgan su vida, en la primera línea de batalla en medio de la pandemia por COVID-19, para socorrer y contribuir a mitigar las necesidades que sufren de millones de personas alrededor del mundo  producto de conflictos armados, catástrofes naturales o causadas por la mano del hombre, como es el caso de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela debido a la corrupción.