Transparencia Venezuela, 2 de septiembre de 2022.- El megafraude de los casi 5.000 millones de dólares en Pdvsa (USD 4.850.000.000) que denunció esta semana Tareck El Aissami en el Ministerio Público, un caso objeto de investigación en Estados Unidos y en Suiza desde hace por los menos 4 años, tampoco fue visto por la Contraloría General de la República en su informe anual correspondiente al año 2021, que por cierto fue presentado después de un silencio de este organismo de unos seis años.
El enunciado de sus atribuciones en ese informe son un recordatorio de la importancia de la gestión de este organismo:
“La Contraloría General de la República, como órgano rector del Sistema Nacional de Control Fiscal e integrante del Poder Ciudadano, garante del cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de las atribuciones por esta conferidas, ha enmarcado acciones de vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes públicos, a través del ejercicio del control y evaluación de las operaciones de los órganos y entes de la Administración Pública Nacional, que contribuyen en la lucha contra la corrupción en todas sus formas, velando por el buen uso del patrimonio público y estableciendo las responsabilidades administrativas a que haya lugar por la comisión de actos y hechos irregulares vinculados con la administración de los recursos públicos; este Máximo Órgano de Control Fiscal contribuye a prevenir la impunidad, fortaleciendo la labor del Estado en la distribución y manejo del patrimonio de la Nación.”
En el informe de la Contraloría General de la República abundan cifras:
“(…)264.460 actividades durante el año 2021, entre las cuales podemos destacar 21.540 actuaciones fiscales a nivel nacional y 7.055 inspecciones directas en todo el territorio nacional, con la finalidad de dictar estrategias que fortalezcan los esfuerzos del Estado venezolano en la lucha contra el flagelo de la corrupción.”
Se señala que el contralor designado por la extinta y cuestionada Constituyente, Elvis Amoroso, “visitó e inspeccionó a 29 empresas estratégicas del Estado venezolano”.
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Sigue el documento: “el máximo representante del Sistema de Control Fiscal del país mostró su beneplácito por las obras públicas que se están llevando a cabo en el territorio Nacional y reconoció el esfuerzo de los Gobernadores y Alcaldes que vienen realizando para el beneficio del pueblo venezolano y orientado al plan de mejoramiento que viene impulsando el Gobierno Nacional. Destacando las siguientes:
- PDVSA – Gas.
- Refinerías.
- Arco Minero.
- Fuerzas Armadas.
- Puerto de la Guaira y Puerto de Valencia (Puerto Cabello).
- Autopistas a nivel nacional (Carabobo y Nueva Esparta).
- Aeropuerto de la Guaira-Maiquetía y Nueva Esparta.
- Represa el Guri.
- Estaciones de servicios de gasolina.
- Fronteras del país (Táchira, Bolívar y Guárico).
Pese a que en el informe se asegura que la Contraloría General de la República realizó inspecciones a Petróleos de Venezuela (Pdvsa), al Arco Minero del Orinoco, a la Represa de Guri, cementeras y a los puertos de La Guaira y de Puerto Cabello, en él no hay detalles sobre lo observado y si encontró irregularidades.
El debilitamiento de los órganos de control del Estado- entre ellos la Contraloría General de la República– deja sin protección los bienes de la nación frente a las oportunidades de corrupción potenciadas por la falta de supervisión y resguardo del patrimonio público.