Icono del sitio Transparencia Venezuela

La Contraloría inhabilita pero calla ante la Gran Corrupción

Contraloría General de la República

La diligencia selectiva del máximo ente contralor de Venezuela llama la atención: guarda silencio ante los 150 de casos de gran corrupción que procesan los sistemas de justicia de otros países, pero corre cuando se trata de inhabilitar a una candidata a quien las encuestas darían amplia ventaja sobre sus compañeros

Transparencia Venezuela, 1 de julio de 2023. La Contraloría General de la República (CGR), que calla ante la trama Pdvsa Cripto, que no atiende las peticiones de información; respondió en menos de una semana al diputado José Brito su consulta sobre un asunto que tiene incidencia electoral: la candidata a las primarias opositora María Corina Machado está inhabilitada para el ejercicio de cualquier cargo público por 15 años, publica Suprema Injusticia.

La diligencia selectiva del máximo ente contralor de Venezuela llama la atención en un país cuyos casos de corrupción han trascendido las fronteras, pero su titular no actúa frente a esta sistémica corrupción, conocida y obvia para todos; tampoco dice nada frente a las 264 obras inconclusas diseminadas por la geografía nacional, ante la quiebra de cientos de empresas propiedad del Estado donde se han perdido miles de millones de dólares del patrimonio público venezolano o sobre las violaciones al derecho de acceso a la información pública y a la no publicación de los informes de gestión.

Elvis Amoroso guarda silencio ante los 150 de casos de gran corrupción que procesan los sistemas de justicia de otros países, ante el continuo abuso que sufre lo público; incumple la Convención de Naciones Unidas y la Convención Interamericana contra la Corrupción, en las que el Estado se ha comprometido a publicar las declaraciones juradas de bienes y de intereses de todos los funcionarios públicos. Pero, la CGR corre cuando se trata de inhabilitar a una candidata a quien las encuestas darían amplia ventaja sobre sus compañeros, apunta la nota.

Y sigue siendo notorio el papel de la CGR en escenarios electorales, pues no es la primera vez que sirve de instrumento para limitar derechos políticos. Estas prácticas autoritarias, que también hemos visto recientemente en Nicaragua, van en sentido contrario a la superación de la crisis que tiene al país sumido en uno de los peores momentos de su historia.


Por confirmar

No obstante, dos temas están por confirmar sobre la inhabilitación de María Corina Machado:

  • Esta sanción no está publicada en Gaceta Oficial, tal como ocurrió con la resolución # 01-00-000398 del 13 de julio de 2015 cuando Machado fue inhabilitada por primera vez por 12 meses. Esto en violación al artículo 101 del reglamento de la CGR, una situación que ha sido reiterada al menos desde el año 2014.
  • Se desconoce si la candidata a las primarias opositoras, para las elecciones presidenciales de 2024, había sido notificada con antelación de esta sanción. Esto es especialmente importante, si se toma en cuenta que este tipo de actos solo pueden ser ejecutados a partir de la notificación del afectado por la medida o de la publicación de la misma, de acuerdo al artículo 42 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA).


Por otra parte, el documento no lo firmó el contralor general de la RepúblicaElvis Amoroso, sino el director general de Procedimientos Especiales de la CGRAntonio José Meneses Rodríguez, pero lo difundió el diputado José Brito, considerado uno de los diputados “alacranes”, señalado de supuestamente tratar de lavar la imagen de Álex Saab en el exterior.


De lo que la Contraloría General no habla

Durante años Transparencia Venezuela ha solicitado a la Contraloría General de la República, sin respuesta, información sobre las evaluaciones, verificaciones y auditorías vinculadas con importantes proyectos públicos, entre ellos:

  1. Gran Misión Vivienda Venezuela.
  2. Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela», específicamente al proyecto Centro de Seguridad y Atención de Emergencias, CESAE 171, durante los años 2006 y 2011.
  3. Obras asignadas a Odebrecht.
  4. Denuncias relacionadas con la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (Pdval).
  5. Denuncias sobre la distribución de alimentos y mercancías en la Corporación Venezolana de Alimentos (CVAL), adscrita al Ministerio para la Alimentación.

También nuestra organización pide y espera de la Contraloría la publicación de los siguientes documentos:

  • Informes de actuación de la Contraloría General de la República, correspondiente a los años 2018, 2020 y 2022.
  • Informes de gestión de la Contraloría General de la República, correspondiente a los años 2018, 2020 y 2022.
  • Información sobre auditorías efectuadas al Ministerio del Petróleo, Pdvsa o sus filiales, la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) o la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip).
  • Si ha declarado la responsabilidad administrativa de algún funcionario adscrito al Ministerio del Petróleo, Pdvsa o sus filiales, la CVG o la Sunacrip, con ocasión de la investigación conocida como Pdvsa-Cripto.
  • Si ha impuesto alguna medida de suspensión, destitución o inhabilitación contra algún funcionario del Ministerio del Petróleo Pdvsa o sus filiales, la CVG o la Suncrip, con ocasión de la investigación conocida como Pdvsa-Cripto.
  • Si ha dictado alguna medida de reparo contra algún funcionario del Ministerio del Petróleo Pdvsa o sus filiales, la CVG o la Sunacrip, con ocasión de la investigación conocida como Pdvsa-Cripto.
 
 

Lee más sobre este caso en:

Salir de la versión móvil