Beatriz Borges, representante de CEPAZ.

Caracas, 24 de octubre de 2017.-  La representante de la organización no gubernamental venezolana Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Beatriz Borges, denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reunida en su 165º periodo de sesiones en la capital uruguaya, que la llamada Asamblea Nacional Constituyente (ANC) “representa la constitucionalización de la dictadura en Venezuela”.

«Es imperativo que la CIDH aborde el carácter fraudulento de la ANC» alentó Borges en presencia de James Cavallaro, Relator de los Derechos de las Personas Privadas de Libertad; Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión y José de Jesús Orozco, Relator sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, en una sesión que analizó la situación de la institucionalidad democrática en Venezuela.

Venezuela necesita del acompañamiento contundente de actores de la comunidad internacional que contribuyen al restablecimiento del orden democrático a través de elecciones libres, justas y transparentes.

Recordó la abogada que la convocatoria a la instalación de este organismo en  Venezuela fue “ilegal e inconstitucional”, porque no fue convocada por el pueblo, como depositario del poder constituyente originario, sino por Nicolás Maduro, con aval de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el cual, aseguró, “actúa como operador político” y con la colaboración del Consejo Nacional Electoral, que “en forma complaciente(…) logró que la Asamblea Nacional Constituyente se organizara tan solo en 60  días”.

Así también trajo a colación que fue ignorada la opinión de más de 7 millones de venezolanos que expresaron su rechazo a este organismo en el referéndum popular del 16 de julio de 2017, así como el pronunciamiento de al menos 44 países que rechazaron y desconocieron a llamada Asamblea Nacional Constituyente.

“Se ha convertido en un poder fraudulento paralelo, que excede las competencias del órgano constituyente, que usurpa las competencias de la Asamblea Nacional y que deja en evidencia la inexistencia de la separación de poderes en Venezuela y la democracia”.

Borges manifestó ante los comisionados que algunas de las decisiones de la Constituyente dejan claro que su intención es mantener al gobierno en el poder y afianzar su hegemonía política. Entre ellas, la remoción de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz; la extensión del período de funcionamiento de esta instancia de seis meses a dos años, y la más reciente, la imposición a los gobernadores de estado, recién electos por voto popular, a juramentarse ante el este órgano ilegal.

“Esta Asamblea Nacional Constituyente es la estocada final a la democracia en Venezuela por su mera concepción como mecanismo para la toma unilateral de decisiones por parte de un sector de la sociedad. Es contraria al espíritu, concepción y naturaleza de la democracia y de todo sistema de participación ciudadana”, sentenció Borges.

“Pero sobre todo se incumple y se viola el derecho de los venezolanos a la democracia y a la obligación de los Estados a promoverla y defenderla”, señaló la investigadora, quien aseguró que “este quiebre de institucionalidad democrática se da en un país sumergido en una profunda emergencia humanitaria, sin  que la población cuente con las respuestas adecuadas por parte del Estado y sin que podamos recibir la ayuda y cooperación internacional necesaria y suficiente que permita  brindar protección a los más vulnerables y evite la pérdida de vidas y el su sufrimiento que actualmente vivimos los venezolanos”.