Un total de 69 denuncias fueron entregadas al Consejo Nacional Electoral (CNE), para su revisión. Las irregularidades fueron detectadas durante la fase de campaña de las elecciones presidenciales del siete de octubre de 2012.

Los informes, consignados ante el despacho de la presidenta del ente comicial, Tibisay Lucena, fueron elaborados por Transparencia Venezuela, en base a denuncias recopiladas a través del programa de Asistencia Legal de la organización no gubernamental.

Los mismos ciudadanos se encargaron de hacer las alertas, ejerciendo su deber como contralores sociales y con la finalidad de que se garantice la transparencia en la contienda, basados en la Ley Orgánica de Procesos Electorales y el reglamento aprobado para la campaña.

De la lista de 69 denuncias, 28 corresponden al uso de locaciones y espacios públicos para la realización de actividades políticas a favor de una determinada tendencia, de igual manera se contabilizaron 17 denuncias por el uso de bienes del Estado para proselitismo político lo que constituye un delito de peculado de uso.

“40,29 por ciento de las denuncias tienen que ver con la utilización de espacios públicos para colocación de propaganda lo que viola los artículos 76 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales y el artículo 205 del reglamento general que establecen la prohibición de fijar carteles de propaganda electoral en edificios de órganos y entes públicos, en templos y recintos dedicados a la salud, monumentos, árboles, sitios de recreación infantil, bienes públicos y bienes objeto de servicio público, las casas o edificaciones de los particulares sin su consentimiento previo”, expresa el informe.

Asimismo, el artículo 221 del reglamento general de la Ley Orgánica de Procesos Electorales prohíbe a los funcionarios utilizar o permitir que otros empleen el patrimonio del Estado para actos de proselitismo político.

En el documento también se detalla que siete de las denuncias tienen que ver con el hecho de que las autoridades de las instituciones públicas obligan a los funcionarios bajo su cargo a hacer campaña electoral.

“10, 44 por ciento de las denuncias están relacionadas con la obligación que se le impone a los funcionarios públicos de hacer campaña, lo cual contraria los especificado en el artículo 221 del reglamento general de la Ley Orgánica de Procesos Electorales que prohíbe a los funcionarios públicos actuar en el ejercicio de sus funciones, por preferencias políticas, favorecer o perjudicar a alguna tendencia política o usar influencias derivadas de las mismas para obtener ventaja o beneficio económico u otra utilidad a favor de algún partido u organización política de cualquier índole”, precisa la normativa.

Por último se sumaron dos denuncias relacionadas con el desequilibrio en los medios de comunicación a la hora de difundir información sobre las actividades de los candidatos o sus comandos de campaña.

A través de estos informes se pretende presionar al CNE para que ejerza su función como arbitro de la fase de campaña y la contienda del siete de octubre. El órgano comicial debe investigar los hechos reportados y emitir las sanciones que contemple la ley.