Aún sin fecha oficial para las elecciones de gobernadores, los candidatos del gobierno comenzaron la campaña usando fondos públicos cuyo uso está prohibido por la Constitución. Destacamos el caso del Ministro de Alimentación hasta agosto 2017, el General de brigada, Rodolfo Marco Torres, candidato a la gobernación del Estado Aragua por el partido de gobierno PSUV, que en su cuenta Twitter el 5 de septiembre, publicó un video del inició de su campaña electoral en un vehículo militar, acompañado por integrantes de la Fuerza Armada Nacional “para compartir con nuestra gente” y dar “la lucha y la batalla por la victoria”.

Es decir, un militar activo es candidato, y usa fondos públicos para la campaña, cuando aún no ha comenzado el lapso. La constitución prohíbe que “los integrantes de la Fuerza Armada Nacional ejerzan militancia política o estén al servicio de persona o parcialidad política alguna“.

No es el único caso. Héctor Rodríguez, candidato del PSUV por el estado Miranda ofrece camiones de gas, un rublo muy escaso, que es monopolio del Estado; Victor Clark candidato al estado Falcón, entregó cajas de comida subsidiadas (CLAP) junto con altos funcionarios del gobierno.

Ni el Consejo Nacional Electoral CNE, ni la Contraloría se han pronunciado o dado por enterados a pesar que las noticias ruedan por todas las redes. No hay reparos ante el daño al patrimonio público, ni intento de aplicar las normas electorales ni de procurar un mínimo de  equidad, justicia y transparencia en las “posibles“ elecciones regionales. Pero esto no es nuevo.

Hace más de diez años que el abuso electoral comienza desde que el CNE anuncia los candidatos a las elecciones. Uso de recursos, bienes, funcionarios, equipos de todo tipo, medios de comunicación públicos, páginas web de entes públicos, transgresión del lapso legalmente establecido de la campaña… Pero los candidatos del gobierno se superan con cada elección.

Transparencia Venezuela sólo en las elecciones parlamentarias de 2015 presentó en el CNE más de 400 denuncias por transgresión de las normas que rigen la campaña electoral, ninguna de las cuales recibió respuesta, a pesar de haber sido ratificadas y de haberse ejercido oportuno recurso de reconsideración. Actualmente las denuncias se encuentran en la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia.

Auguramos una campaña plagada de abusos impunes.