Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 4,3 millones de venezolanos han emigrado hacia distintos destinos de América y España desde 2015 hasta 2019.  Mientras, la Organización de Estados Americanos (OEA) estima que esta cifra podría llegar a 5,7 millones de personas al finalizar este año, y elevarse a entre 7,5 y 8,2 millones para finales del año 2020. Colombia es el país que más migrantes ha recibido (37%), seguido de Perú, Chile y Ecuador.

El informe sobre el Análisis de riesgos de corrupción en el desplazamiento forzado de venezolanos 2019 enumera los factores que afectan la crisis migratoria en las fronteras de Colombia, Perú y Ecuador. Se describen circunstancias propias de cada país y se señalan al menos 10 elementos comunes en estas zonas limítrofes. Entre ellos, la desinformación respecto a las rutas institucionales de atención a migrantes, los cambios constantes en los procesos de regularización de migrantes, la insuficiencia de  mecanismos de contraloría social, la ausencia de una perspectiva anticorrupción en la gestión por parte de organismos oficiales, la escasa atención mediática a la relación entre migración y corrupción y la presencia del crimen organizado en las fronteras.

Estos riesgos de corrupción incrementan la violación de derechos de los migrantes y se afianzan ante las restricciones para la expedición de documentos de identidad y migración en Venezuela. También, los cambios constantes en las políticas migratorias de los países vecinos tienen consecuencia en el uso de medios ilegales para el desplazamiento interfronterizo y generan más presiones en las autoridades, en la debilidad en la capacidad de los organismos para investigar situaciones irregulares, lasitud en el control social, posiblemente por xenofobia, y en algunos casos poca organización de la comunidad venezolana.

En este contexto, las tres organizaciones recomiendan el desarrollo de mecanismos adecuados de acceso a la información relativa a las rutas institucionales de atención a migrantes, así como de datos estratégicos tanto para el diseño de políticas como para la actuación de los organismos competentes. Además, proponen el fortalecimiento de las políticas y programas de regularización migratoria, como mecanismo de garantía de derechos y combate a la corrupción, así como los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas y contraloría social y atender la desfinanciación local.

El estudio apunta también a la necesidad de instrumentar mecanismos para atender la denuncia de irregularidades, abusos y hechos de corrupción, incorporar la perspectiva anticorrupción por parte de las autoridades, implementar una propuesta de cambio para el control del crimen organizado en fronteras y reconocer la existencia de la xenofobia y diseñar políticas y estrategias para combatirla.