Transparencia Venezuela, 17 de junio de 2019.- El 19 de julio del año pasado, la versión regional de Valparaíso del diario El Mercurio informó que un cargamento formado por 10 contenedores de cajas con productos alimenticios de Chile, había sido embarcado hacia Venezuela el 28 de mayo.

Poco más de un año después, el 8 de abril de 2019, cajas contentivas de 21 artículos chilenos fueron entregadas por los CLAP locales a los residentes de varias comunidades del norte de Maracaibo.

El Mercurio reportaba que, según cálculos de un ex aduanero consultado sobre la composición de la carga, los contenedores llevaban 28 mil kits o cajas de alimentos. También refirió el diario que los productos fueron despachados por la empresa Suministros del Sur, S. A., para International Petrochemical Holding, una compañía registrada en Islas Vírgenes británicas y representada presuntamente por un abogado venezolano residente en Naguanagua, estado Carabobo.

Inversiones Ramaja Limitada, firma comercial argentina, habría estado igualmente involucrada en la venta de los alimentos chilenos a Venezuela, según la nota periodística, que además señalaba el objeto declarado de IPH al constituir su filial en Chile: “importación, exportación y comercialización de productos petroquímicos”.

Bajo la sospecha de una operación potencialmente irregular y la referencia de un escándalo empresarial, en el que estuvo involucrado el representante argentino de Inversiones Ramaja en Chile cuatros años antes, El Mercurio se atrevió a calificar el caso como un “desfalco”.

Aunque no existe información oficial en Chile ni en Venezuela en relación con la negociación para incorporar productos chilenos a los CLAP, los escasos reportes existentes sobre la distribución de esos artículos a través del programa social del régimen de Nicolás Maduro se han estado conociendo desde marzo de 2019.

La venta de las cajas de CLAP en Maracaibo, que solo ha ocurrido una vez este año y en muy pocos sectores de la ciudad, llegó precedida por un anuncio de los consejos comunales con tres días de anticipación, según lo revelan vecinos de varias urbanizaciones.

Las mismas fuentes indicaron que el precio de cada caja era de Bs 100, pero en todos los casos los mismos representantes de los CLAP y los transportistas de los alimentos cobraron 500 o más al momento de entregarlas.

Cada caja traía estos productos: 4 latas de atún, 4 paquetes de pasta larga y corta, 3 paquetes de granos, 1 de leche, 1 de azúcar, 2 paquetes de mayonesa, 2 de salsa de tomate, 2 de arroz, 1 kilo de harina de maíz precocida y 1 botella de aceite vegetal. Los artículos son procesados por las empresas chilenas Coliseo, Agrosilva, Molino Lindero, CVTrading, Macrofood y Watt’s.

Las tres últimas indican en sus portales en Internet que distribuyen productos en Venezuela.

Ningún medio chileno ha revelado que existan registros de cargamentos previos ni posteriores al referido por El Mercurio de Valparaíso. Sin embargo, varios de los artículos contenidos en las cajas que fueron vendidas por los CLAP entre marzo y abril de este año tienen fecha de procesamiento de diciembre de 2018.