Caso periodistas brasileños y CNN en Español
La Asociación de la Prensa Extranjera en Venezuela (APEX) hace público su rechazo ante lo que considera una detención arbitraria de los periodistas brasileños Leandro Stoliar y Gilzon Sousa, representantes de la cadena Record TV, durante la realización de un trabajo de investigación sobre el caso Odebrecht en el estado Zulia.
Stoliar y Sousa, junto a dos periodistas venezolanos, fueron detenidos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) de la ciudad de Maracaibo por más de 10 horas, bajo el argumento de no tener el permiso de trabajo necesario para desarrollar un reportaje periodístico. Luego de su detención, los reporteros brasileños fueron enviados –bajo custodia– al aeropuerto internacional de Maiquetía y posteriormente deportados hacia Brasil, sin otorgarles siquiera el derecho a recoger su equipaje.
APEX recuerda a las autoridades venezolanas que, según la Ley de Extranjería y Migración, los trabajadores de medios de comunicación de otros países están exentos de una autorización especial de trabajo y sólo necesitan estar debidamente acreditados para cumplir sus funciones. En ningún momento se plantea en la ley la expulsión o deportación de trabajadores de la prensa por realizar su trabajo periodístico. En todo caso, instamos al estado venezolano a observar los convenios internacionales a los que se ha suscrito, que establecen un respeto a la libertad de información como derecho humano, pasando por el libre tránsito y desempeño de los periodistas extranjeros.
De igual manera, expresamos nuestro desacuerdo con las declaraciones emitidas desde Miraflores por el presidente Nicolás Maduro el pasado domingo 12 de febrero, donde cuestiona el trabajo periodístico que realizan los profesionales de la Cadena CNN en Español.
Una vez más, Asociación de la Prensa Extranjera en Venezuela (APEX), reitera su descontento en relación al trato que se le da a los representantes de la prensa internacional en Venezuela, siendo víctimas de medidas que coartan el derecho al libre ejercicio del periodismo, la libertad de circulación, de expresión y al acceso a la información pública, esenciales en el trabajo periodístico, quedando de manifiesto una preocupante discrecionalidad de parte de las autoridades.
De nuevo, hacemos un llamado a los organismos internacionales como UNASUR y OEA a registrar debidamente estos hechos acaecidos en Venezuela que, consideramos, representan una clara violación a la libertad de prensa y al derecho a estar informados como sociedad.
Caracas, 13 febrero 2017.