Presentación
El tránsito a la conversación digital
El auge ficticio de la versión oficial
Una bomba de tiempo en twitter
De la narrativa revolucionaria a la desinformación
Epílogo
De acuerdo con lo establecido en el informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –Estándares para una Internet Libre, Abierta e Incluyente– de 2015, según la Declaración conjunta sobre libertad de expresión e internet del 1 de junio de 201133:
“El acceso universal a internet requiere que los Estados garanticen la calidad e integridad del servicio de internet protegiéndolo en todos los casos de bloqueos, interferencias o ralentizaciones arbitrarias. La interrupción del acceso a internet aplicada a poblaciones enteras o a segmentos de la población nunca está justificada, ni siquiera por razones de seguridad nacional. Los bloqueos temporales o parciales afectan el ejercicio de los derechos humanos en línea, constituyendo restricciones a dichos derechos. En el análisis de cada derecho contemplado en el presente informe se hace referencia al efecto de los bloqueos de internet en el ejercicio del derecho y se desarrollarán las limitaciones permisibles a los mismos”.
En Venezuela, no obstante, la realidad supera lo contenido en ese documento. En marzo de 2021 Nicolás Maduro dijo: “Aquí se va agregar un capítulo especial para las redes sociales y de la responsabilidad social de las redes sociales en territorio venezolano. Pendiente y mosca todo el mundo”34.
Antes, en noviembre de 2020 y en el contexto de la campaña por las parlamentarias, ya había llamado a regular estas plataformas. “¿Qué límites cumplen esas redes que ya conocemos? Ninguno. Es un tema para la próxima Asamblea Nacional”, señaló35.
El oficialismo ha asumido a las redes sociales como el nuevo enemigo del debate público, afirmando que sus contenidos son manejados desde centros imperiales como antes lo eran las líneas editoriales de los ahora desaparecidos o disminuidos medios de comunicación venezolanos.
Las acusaciones desde el poder incluyen señalar a otros de lo que está demostrado hace su propio aparato de propaganda, desestimando la acción de la sociedad civil en el entorno digital. A pesar de lo documentado por distintas organizaciones en contra de la desinformación y la hegemonía comunicacional impuesta por el régimen de Maduro (incluso en redes sociales), a principios de mayo de 2021 Delcy Rodriguez en rueda de prensa36 sostuvo que se realizó “un estudio de Big Data de expertos independientes que se metieron a profundidad a través de la Big Data en el análisis de las redes sociales, y cómo desde ellas se construyó falsamente los parámetros para llevar a Venezuela ante la Corte Penal Internacional”. No explicó quiénes hicieron tal estudio, ni qué método utilizaron para analizar más de 70 millones de tweets, “de los cuales se agarraron más de un millón de avatares”.
Agregó la funcionaria que el 70% de las noticias verificadas provenían de ‘’líneas editoriales opositoras’’, que se utilizan con el fin de influir en la decisión de la CPI para supuestamente organizar un “linchamiento mediático” contra Venezuela.
También denunció Rodríguez que “se asumen opiniones como hechos de la realidad para fomentar las fake news”. Según dijo, se trata de una “guerra híbrida contra Venezuela y del bloqueo económico” que incluye ataque de bots.
“Es un grupo pequeño que actúa a través de bots y trolls y mecanismos fraudulentos”, para influir en la calificación internacional de delitos “que no existen”.
La narrativa oficial no está sola. En Cuba también se ha visto. En julio de 2021 se registró una ola de protestas inéditas en varias ciudades de Cuba, con miles de ciudadanos saliendo a las calles en más de 20 localidades del país en las mayores manifestaciones ocurridas en la isla en los últimos años. Buena parte de ellas tuvieron a internet como herramienta fundamental37. En respuesta, el presidente Miguel Díaz-Canel invitó a sus seguidores a salir a las calles a “enfrentarlas”.
La etiqueta #SOSCuba, que identificó a quienes alzaron sus voces, alcanzó ser tendencia mundial con más de un millón de tweets. Las redes sociales se llenaron de vídeos de denuncias de represión por parte de las fuerzas policiales en Cuba, desaparición forzada de periodistas y activistas, y un sinfín de violaciones de derechos humanos.
Ello generó una restricción casi generalizada de acceso al servicio de internet en la isla, aplicado por la empresa al servicio del Estado (ETECSA) según lo reportado por diversas organizaciones en defensa de los derechos digitales38. Días después, y mientras se seguían desenvolviendo los hechos, el ministro de Relaciones Exteriores responsabilizó al Gobierno de Estados Unidos de estar implicado directamente en la organización de las protestas y promover una “ciberguerra” a través de #SOSCuba, etiqueta que calificó como “una operación política” en el marco de una “guerra no convencional”, según reportó el órgano oficial del comité central del partido comunista de Cuba, Granma39.
A raíz de ello, el gobierno cubano aprobó el Decreto Ley 35 que refuerza el control sobre las telecomunicaciones y las redes sociales, con el apoyo de instituciones estatales como las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y el Ministerio del Interior (MININT). “Nuestro Decreto Ley 35 va contra la desinformación y la cibermentira”, escribió en Twitter el presidente Miguel Díaz-Canel.
Según Human Rights Watch, el instrumento contiene muchas disposiciones vagas e imprecisas que son inconsistentes con el derecho internacional de los derechos humanos y podrían fácilmente ser utilizadas para violar derechos humanos, ya sea a gran escala o con ataques específicos contra críticos del gobierno40.
La respuesta jurídica del gobierno cubano pudiera convertirse en el molde a replicar por las autoridades venezolanas. Y no es el único. Human Rights Watch señala que en varios países del mundo han aprobado normas similares sobre “ciberdelitos” y “ciberseguridad” que han restringido los derechos humanos de forma indebida y han sido utilizadas para perseguir a periodistas, defensores de derechos humanos, expertos en tecnología, políticos de oposición y artistas41.
En Venezuela, la superioridad del oficialismo en las redes sociales, sus amenazas para profundizar la censura del espacio digital y la falta de canales para protestar cívicamente o informar sobre lo que ocurre en el país, se traducen en la necesidad de aumentar y organizar aún más el activismo digital.
Según lo observado por ProBox, la sociedad civil es el único actor que busca tomar las redes sociales para exponer lo que ocurre en el país y cómo se han visto afectados por la pandemia, la Emergencia Humanitaria Compleja y la profunda crisis nacional en todos los aspectos. Sin embargo, la protesta digital puede verse opacada ante la gran maquinaria comunicacional del régimen.
Es necesario formar activistas digitales que conozcan y expliquen cómo funcionan las redes sociales y cómo aprovechar el espacio para dar voz, educar y movilizar a la sociedad, depurar la información y verificar. Aumentar la protesta digital y contrarrestar la narrativa que buscan imponer los regímenes autoritarios es fundamental para evitar que se altere la percepción sobre lo que pasa en el país, así como seguir documentando las violaciones de derechos humanos, la persecución política y velar por la protección de los derechos digitales y la libertad de expresión.
33 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Declaración conjunta sobre libertad de expresión e internet.
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=849&lID=2
34 El País. El chavismo prepara medidas para controlar las redes sociales y el trabajo de las ONG en Venezuela. https://elpais.com/internacional/2021-03-05/el-chavismo-prepara-medidas-para-controlar-las-redes-sociales-y-el-trabajo-de-las-ong-en-venezuela.html
35 Efecto Cocuyo. Maduro llama a debatir sobre leyes para regular las redes sociales.
https://efectococuyo.com/politica/maduro-llama-a-debatir-sobre-leyes-para-regular-las-redes-sociales/
36 https://www.youtube.com/watch?v=0uSG-RwGs7A
37 BBC. Protestas en Cuba: qué papel juegan «la directa» y las redes sociales en las históricas manifestaciones en la isla.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-57783099
38 Netblocks: https://twitter.com/netblocks/status/1414633093814697993
39 Granma. Cuba prueba implicación de EE. UU. en las acciones de desestabilización contra el pueblo de Cuba. http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-07-14/cuba-prueba-implicacion-de-ee-uu-en-las-acciones-de-desestabilizacion-contra-el-pueblo-de-cuba-14-07-2021-01-07-44
40 Human Rights Watch. Cuba: Decreto de telecomunicaciones cercena la libertad de expresión.
https://www.hrw.org/es/news/2021/08/25/cuba-decreto-de-telecomunicaciones-cercena-la-libertad-de-expresion
41 Human Rights Watch. Abuse of Cybercrime Measures Taints UN Talks.
https://www.hrw.org/news/2021/05/05/abuse-cybercrime-measures-taints-un-talks