Cobertura de los CLAP, como alternativa ante los indicadores poco alentadores publicados por agencias nacionales e internacionales, se ubicó en 42% en febrero de 2020. El registro representa una caída importante con respecto a diciembre de 2019, cuando el programa llegaba a 73% de los hogares

Transparencia Venezuela, 2 de julio de 2020. Existe seguridad alimentaria cuando las personas logran tener en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos nutritivos, que satisfagan sus necesidades y preferencias para una vida activa y sana, según los estándares internacionales. En el caso de Venezuela ocurre lo contrario. Los indicadores ofrecidos en los últimos años por las principales agencias y organismos mundiales muestran que el país no solo ha retrocedido en el cumplimiento de las metas sino que, además, se encuentra en condiciones de extrema fragilidad. Al desplome de los precios del petróleo, hiperinflación, devaluación del bolívar, contracción del salario mínimo y la escasez de combustible, como elementos que exacerban la precariedad alimentaria, se suman ahora los efectos de la pandemia por COVID-19. Las cifras indican que más de 9,3 millones de venezolanos están en situación de hambre, como resultado “de inadecuadas políticas públicas y fracturas institucionales”.

Según proyecciones del Programa Mundial de Alimentos, la paralización económica global por la pandemia dejará a más de 130 millones de personas en inseguridad alimentaria aguda. Mientras que el reciente informe de dos agencias de las Naciones Unidas para medir ese impacto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas (FAO) estima que América Latina y el Caribe tendrá casi 29 millones de nuevos pobres. Por ello, exhortaron a los Estados a mantener sistemas alimentarios que garanticen la oferta y la disponibilidad de alimentos básicos. Sin embargo, las medidas adoptadas por el gobierno venezolano para mitigar la crisis han sido insuficientes y se espera que en los próximos meses la inseguridad alimentaria y la desnutrición revelen cifras alarmantes.  

María Soledad Tapia, profesora universitaria y miembro de la Academia de Ciencias; y Susana Raffalli, profesional acreditada en protección y asistencia humanitaria, abordaron el tema durante el foro Seguridad Alimentaria. ¿Qué dicen los datos sobre Venezuela?,  del ciclo Espacios de Transparencia. En el encuentro virtual, que tuvo como moderador al periodista Eugenio Guerrero, las expertas disertaron sobre los hallazgos más importantes de recientes informes sobre la situación mundial y los indicadores específicos para el país, así como los posibles escenarios a la luz de esos resultados.

Señales de alarma

María Soledad Tapia puso en contexto las dimensiones que configuran la seguridad alimentaria y nutricional: disponibilidad de alimentos en cantidades suficientes y de la calidad apropiada; accesibilidad, es decir, que las personas tengan recursos para adquirirlos; utilización adecuada, contar con agua potable, higiene y atención médica; estabilidad de consumo, que las personas o comunidades dispongan de alimentos en todo momento; y, por último, la institucionalidad, políticas públicas y la vigilancia que corresponden a los Estados. 

Sobre la situación nacional, refirió que la encuesta realizada in situ por FAO durante 2019 arrojó que 7,9% de la población, es decir, 2,3 millones de personas están en inseguridad alimentaria severa. “El organismo también ubicó a 7 millones de venezolanos (24,4%) en inseguridad alimentaria moderada, lo que significa que una de cada tres personas está en inseguridad alimentaria y necesita asistencia. Mientras que en inseguridad alimentaria marginal, esto es, cuando sentimos incertidumbre por lo que vamos a comer, se encuentra casi el 60% de la población”.

Este estudio, que también cubrió información sobre los servicios básicos, indicó que 4 de cada 10 hogares tienen interrupción diaria de los servicios de agua y electricidad, y 43% ha reducido el número de comidas al día debido a falta de gas. De igual modo, calificó de dramáticos los datos de la caída de consumo de carne, cereales y lácteos como consecuencia de las trabas para la producción local y escasas perspectivas de importación.

Tapia comentó que, según Cendas, la canasta alimentaria familiar en mayo se calculó en 55 millones de bolívares, equivalente a casi $284, cuando el salario mínimo es de 400 mil bolívares, es decir, unos 2,5 dólares. “Esto es muy preocupante, mucho más en medio de la pandemia que configura un panorama dramático para los niveles de hambre y seguridad alimentaria que ya eran muy malos. Pero lejos de seguir las recomendaciones de los organismos internacionales, en Venezuela se aplica un antimanual con todo lo que no se debe hacer”.

La forista recordó que cuando las agencias CEPAL y FAO advirtieron que con la pandemia podría duplicarse el número de personas que padece hambre extrema, el ejemplo que ponían era el de Venezuela, que se ubicó como el cuarto país con la peor crisis de hambre del mundo, solamente antecedida por Yemen, Congo y Afganistán. Sin embargo, “el primer alerta lo dio el informe sobre la crisis alimentaria mundial de 2017, que hablaba de un panorama muy sombrío respecto al país. Luego, en 2018, Unicef mostró gran preocupación acerca de la prevalencia de desnutrición infantil, pese a que la última información oficial suministrada por el Instituto Nacional de Nutrición data de 2009 y estaba muy desactualizada”

Tapia agregó que ante esta “opacidad y ocultamiento de datos sobre la situación de hambre y desnutrición en Venezuela”, informes recientes de Cáritas muestran un aumento dramático, el más alto de la última década, en las tasas de desnutrición. 

Futuro hipotecado

Susana Raffalli expuso sobre su experiencia en el Programa Mundial de Alimentos que finalmente se desplegó en 2019 en Venezuela con anuencia del Estado. Señaló que, a diferencia de Cáritas y Fe y Alegría, que tienen una escuela y una parroquia en los sectores más vulnerables del país, la encuesta se hizo de forma aleatoria en todo el territorio nacional, por lo que considera gravísimos los resultados que dan cuenta de que 9,3 millones de venezolanos entraron en la categoría de inseguridad alimentaria moderada o severa. 

“El Reporte de Crisis Alimentaria Mundial arrojó entre 2018 y 2019 que el número de personas en situación de hambre en el mundo aumentó en 13 millones y 9,3 millones de esas personas son venezolanas, es decir que 72% de incremento de hambre en el mundo corresponde al país. Lo mismo ocurrió con el informe sobre la región que reveló que 82% de las personas en situación de hambre en América del Sur son venezolanos”, explicó Raffalli.

Destacó que el último informe que refleja el panorama de la seguridad alimentaria en el mundo en 2019, pese a ser un reporte global, dedicó un gráfico a Venezuela. Los resultados se basan en un indicador de la FAO denominado subalimentación que no mide el estado de desnutrición y no incluye la evaluación corporal de talla y peso. Revelaron que para el trienio 2016-2018 si se repartía en partes iguales el inventario de alimentos disponible en el país, quedaría sin comer el 21,2% de la población. “Esta semana se publica el informe de 2019, pero se estima que ese indicador podría llegar a entre 23 y 25%”.

Respecto a la ausencia de cifras oficiales, Raffalli destacó la labor de numerosas organizaciones de la sociedad civil, entre ellos los boletines trimestrales de Cáritas. “Desde 2016, hemos publicado 13 boletines con resultados del monitoreo en sitios centinelas de Cáritas (las parroquias más pobres del país). El más reciente, al cierre marzo-abril, ubica la desnutrición aguda en niños menores de 5 años en 16,7% del termómetro internacional, que indica que por encima de 5% es una alarma, sobre 10% es una crisis, por encima de 15% es una emergencia y si supera el 30% se considera una situación de hambruna o hambre catastrófica. Ese 16,7% es consistente con una situación de emergencia humanitaria”.

La experta comentó que lo más preocupante fue el hallazgo de que la desnutrición severa y la moderada entre diciembre de 2019 y marzo de 2020, por distribución por edad y sexo, es que la mayor cantidad se registra en niños menores de 6 meses, mientras que la totalización arroja que 42% de la desnutrición ocurre antes de los dos años, “en lo que los nutricionistas llamamos la ventana de los mil días, en la que se consolidan en el niño las cualidades de vida cognitiva, afectiva y social para el resto de la vida y que representa además el capital humano del país. Esto nos hipoteca”.

Asimismo, el estudio constató que entre diciembre y febrero han salido del patrón de alimentación carnes y pescado, vegetales y frutas, proteínas de calidad de origen lácteo y huevos, y que la dieta familiar está conformada por leguminosas, tubérculos y cereales, que actúan como amortiguador de las dificultades de acceso al alimento. En tal sentido, la evaluación del alcance de los Comités Locales de Alimentación y Producción (CLAP) reveló que, en febrero de 2020, solo 42% de los hogares recibía el programa. La cifra representa una caída importante con respecto a diciembre de 2019, cuando tenía una cobertura de 73%. “El acceso al programa mejoró en 2017, luego tiene una bajada importante en 2018 y sube notablemente en 2019, para bajar de nuevo hacia finales de año. Hemos asociado los picos en la distribución de las cajas CLAP con los momentos de campaña electoral”, comentó.

Raffalli dijo que el informe de Cáritas también reveló que 71% de los hogares han comido alimentos que preferirían no comer, 63% ha recurrido a la mendicidad, 45% se ha endeudado  para comprar comida, 51% busca comida en lugares no convencionales como vertederos de basura de los mercados; cerca del 80% dice que ha incurrido en algún tipo de privación alimentaria y 44% ha liquidado bienes familiares para poder comprar comida. “Esta es la situación que tenemos casi en tiempo real. Aún están en proceso los datos de mayo, pero lo que estamos encontrando en muy preocupante. La desnutrición aguda se duplicó y hemos atendido a niños con formas de desnutrición muy severas. Lamentablemente, estamos reportando el fallecimiento de dos a tres niños por mes. No estamos listos para mitigar los efectos de la pandemia y vamos a acusar un golpe muy fuerte en términos de mortalidad por desnutrición infantil en los próximos meses».

Soluciones urgentes

Las panelistas coincidieron en que la solución a este desolador panorama requeriría casi de intervención divina. Mientras Tapia se apuntala en la reactivación del sector productivo y la implementación de un sistema de seguridad social sólido, Raffalli formuló una propuesta dividida en tres fases. “La primera fase de respuesta de un gobierno que se tome esto con seriedad tiene que ser una importación masiva de ayuda alimentaria, acompañada de subsidios directos equiparables a los se están usando en muchos países por la pandemia que es casi un ingreso universal único. Eso no debería exceder los 6 o 9 meses porque si no desestimula la industria alimentaria local. En paralelo, mientras se reabastecen los anaqueles y se llega a las personas que están por morir por falta de alimentos, hay que hacer una importación masiva de insumos para la producción de cultivos cortos y para la reactivación rápida”. En este punto se refirió al compromiso expresado por Fedeagro y Fedenaga de que en un período de entre 8 y 12 meses pudieran abastecer al país con, al menos, 6 o 7 rubros básicos.

La última fase consistiría en desmontar “todas las medidas regresivas con las que se asfixió al sistema alimentario nacional en términos de control de precios, control del acceso a la gasolina, control en el acceso a agro insumos, violaciones a las libertades económicas de los actores del sistema alimentario y retomar los circuitos de distribución que teníamos antes, que no son estas ventas de alimentos en negro que nos cambiaron hasta la identidad, pues la relación de los venezolanos con los alimentos cambió al 100%”.