Transparencia Venezuela, 28 de noviembre de 2024. Las deterioradas relaciones entre Caracas y Washington tienden a empeorar. La decisión del saliente Congreso de Estados Unidos de aprobar la Ley de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Ilegítimo Régimen Autoritario Venezolano, o Ley BOLIVAR (por sus siglas en inglés), ha sido calificada por las autoridades venezolanas como un “acto de barbarie” y “criminal”. Pero además de estos epítetos, desde la Asamblea Nacional venezolana han respondido con otro texto que también lleva el nombre del Libertador y que establece largas inhabilitaciones, confiscaciones de bienes y hasta juicios en ausencia para quienes pidan sanciones internacionales.

El instrumento aprobado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que ahora pasará al Senado, prohíbe al Gobierno estadounidense contratar a cualquier persona o empresa que tenga algún tipo de lazo comercial con el “gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro” en Venezuela o con cualquier sucesor de él que “no sea reconocido como legítimo por Estados Unidos”, se lee en el texto.

El texto legal, impulsado por los diputados de Florida, Mike Waltz (republicano) y Wasserman Schultz (demócrata), abre las puertas a un endurecimiento de las sanciones económicas que Washington ha venido imponiendo desde 2017 contra funcionarios y exfuncionarios venezolanos, por atentar contra la democracia y los derechos humanos.

“Esta legislación envía un mensaje claro y poderoso a Maduro, así como a otros dictadores de todo el mundo, de que no habrá apaciguamiento, no habrá tolerancia, no habrá recompensa por sus acciones ilegales y deshonestas”, dijo Waltz en un comunicado difundido el pasado 19 de noviembre de 2024, minutos después de que el borrador fuera aprobado.  

Waltz acaba de ser designado como asesor de Seguridad Nacional por el recién electo presidente estadounidense, el republicano Donald Trump.

 

La respuesta en Venezuela

La reacción venezolana no se hizo esperar. Y apenas tres días después la Asamblea Nacional aprobó, en primera discusión, el proyecto de Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y por la Defensa de la República Bolivariana de Venezuela, un texto “inspirado en el decreto de Guerra a Muerte (de 1813)”, aseguró el diputado Carlos Mogollón (PSUV), quien presidió la comisión que lo redactó.

“La Ley nace como una herramienta para sancionar a personas naturales y jurídicas que, en acuerdo con países o repúblicas extranjeras, grupos o asociaciones terroristas gestionen, pidan o coadyuven en cualquier forma en la aplicación de medidas coercitivas unilaterales, leyes y decretos extraterritoriales, confiscación de activos públicos que impidan u obstaculicen el normal relacionamiento económico, social, cultural o político del país”, explicó Mogollón.

El borrador, de 18 artículos de extensión, prevé “la inhabilitación hasta el doble de la máxima pena para aquellas personas que coadyuven o se alíen con agentes extranjeros, para imponer medidas coercitivas unilaterales o sanciones al pueblo venezolano”, informó Mogollón.

Asimismo, el diputado informó que el texto permite que se apliquen las disposiciones de la Ley de Extinción de Dominio para confiscar bienes y considera como un agravante para el delito de traición a la patria la promoción o difusión de sanciones internacionales. Mogollón explicó que el borrador, en su artículo 2, abre las puertas para el enjuiciamiento, en ausencia, de los señalados de incurrir en las conductas castigadas en la norma.

La diputada Iris Varela (PSUV) propuso incorporar una disposición que permita “la anulación de todos los documentos de identificación y de registros de empresas a las personas que cometan estos delitos”.

“Quien traiciona a la patria renuncia de algún modo a su nacionalidad”, dijo.

 

Sin una objeción

El instrumento recibió el visto bueno unánime de los diputados. La bancada que se presenta como opositora en la Asamblea Nacional respaldó la norma por considerarla “necesaria y oportuna”.

El diputado José Gregorio Correa, de Acción Democrática, no ocultó que las intenciones del texto son cerrarle las puertas a la oposición tradicional, al decir que si no se toman medidas “van a querer ser gobernadores y lo más grave es que probablemente nos los encontremos aquí (en el hemiciclo) si no se les pone un parado”. En 2025 deben celebrarse, de acuerdo con los lapsos constitucionales, elecciones regionales, municipales y parlamentarias.

Algunas disposiciones parecen chocar directamente con lo previsto en la Constitución venezolana. Un ejemplo es la pretensión de imponer elevadísimas penas de inhabilitación. El numeral 3 del artículo 44 de la Constitución de Venezuela señala que “no habrá condenas a penas perpetuas o infamantes” ¿Según la ley es posible la inhabilitación a actores privados, no empleados y no funcionarios?

Sin embargo, la diputada Varela abogó para que el texto imponga la inhabilitación “de por vida, perpetua”. “Vamos a llevar a 100 años si es necesario la inhabilitación política de los traidores de la patria”, dijo.

Este planteamiento también contradice lo previsto en el Código Penal, que taxativamente prohíbe que las penas accesorias, entre ellas la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos de elección o designación, sean mayores que las penas principales como el encarcelamiento. Así, en su artículo 13, la ley establece que “son penas accesorias de la de presidio: La inhabilitación política mientras dure la pena”.

Y, por último, los juicios en ausencia que pretende permitir el borrador tampoco se ajustan al marco jurídico vigente.

“Es necesario que la persona imputada o acusada esté a Derecho para resolver sus peticiones, puesto que, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no está permitido el juicio en ausencia”, declaró en diciembre de 2023 la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia número 547.

El numeral 3 del artículo 49 de la Constitución venezolana señala que “toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad”.

Pese a los vicios antes mencionados, las autoridades venezolanas han defendido el texto.

“La verdadera Ley Simón Bolívar, va a ser la ley que va a aprobar la Asamblea Nacional y va a dotar de institucionalidad a la democracia venezolana, de un arma jurídica constitucional, para defender el derecho a la paz, a la tranquilidad y a la vida y al desarrollo de Venezuela”, aseguró el presidente Maduro el pasado 25 de noviembre.