La falta de estudios, inventarios y monitoreo de las direcciones estadales de Ambiente e Inparques ocasionaron, según auditorías de la Contraloría General de la República de 2014, la realización de actividades, obras y asentamientos ilegales en los parques nacionales Médano de Coro y Canaima, en el Área Boscosa Pedernales y en el Monumento Natural Piedra La Tortuga. Estas acciones amenazan la conservación de cuatro zonas que por ley deben ser protegidas de manera especial.

Una de las principales fuentes de información que arroja el buscador de Google sobre el Monumento Natural Piedra La Tortuga es el sitio oficial de la institución responsable de proteger y conservar este lugar. La página del Instituto Nacional de Parques señala que el monumento no sólo tiene un valor arqueológico y paisajístico elemental del estado Amazonas, sino que forma parte del patrimonio cultural de las etnias predominantes en esta zona. “Es un espacio para el resguardo de testimonios culturales de nuestros antepasados”, dice. A pesar de ese reconocimiento, documentos oficiales revelan que ha sido el mismo Inparques quien ha incumplido con su labor y ha ocasionado acciones que amenazan contra la preservación de éste y otros tres parques nacionales que están bajo régimen de administración especial del Estado venezolano.

Se trata de una serie de auditorías realizadas en 2014 por la Contraloría General de la República a las direcciones estadales del entonces Ministerio de Ambiente y de Inparques, que fueron consignadas en las memorias y cuentas de la institución y procesadas en datos abiertos por Vendata para su reutilización. Las evaluaciones señalan que las sedes locales de ambos organismos en los estados Amazonas, Falcón, Delta Amacuro y Bolívar faltaron a sus obligaciones de ley y en consecuencia promovieron acciones ilegales como el tráfico de madera, la tala de árboles y actividades mineras en los parques nacionales Médano de Coro y Canaima, en el Área Boscosa Pedernales y en el monumento Piedra La Tortuga.

Estos lugares forman parte de las Áreas Bajo Administración Especial (Abrae), una denominación jurídica-territorial creada en la Ley Orgánica de Ordenación del Territorio para proteger a un grupo extenso de zonas ecológicas que por su potencial pueden ser usadas con fines productores, protectores o recreativos. Cerca del 70% del territorio nacional está bajo esta figura a la que pertenecen, a la fecha, 43 parques nacionales incluyendo los cuatro mencionados en las auditorías.

La Contraloría estableció en sus exámenes que el incumplimiento institucional de Ambiente e Inparques violaron disposiciones de siete normativas legales: Ley Orgánica del Ambiente, Ley de Gestión de la Diversidad Biológica, Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio sobre Administración y Manejo de Parques y Monumentos Naturales, Ley Orgánica del Poder Público Municipal, Ley Forestal de Suelos y de Aguas, Normas para la Administración de Actividades Forestales, en Reservas Forestales, Lotes Boscosos, Áreas Boscosas Bajo Protección y Áreas Boscosas en Terrenos de Propiedad Privada Destinadas a la Producción Forestal Permanente, y Ley Orgánica de los Consejos Comunales.

El Instituto Nacional de Parques está actualmente dirigido por Josué Alejandro Lorca Vega, quien se desempeña en el cargo desde junio de 2018. Previamente laboró como miembro suplente de la directiva de la Fundación Misión Jóvenes de la Patria “Robert Serra” y director de la oficina de seguimiento y evaluación de políticas públicas del despacho del ministro de Educación Superior, según enlista el buscador de Gacetas Oficiales de Vendata.

Esta plataforma de datos abiertos también sistematizó las metas y objetivos planteados por Inparques durante 2013 y 2014 y halló que la mitad no fue cumplida. El procesamiento evidenció, además, inconsistencias en la información presupuestaria consignadas por Inparques en las memorias y cuentas del Ministerio de Ambiente para esos dos años. Esta cartera de Estado ha sufrido diferentes transformaciones pero sólo de nombre: actualmente se le conoce como Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y las memorias y cuentas de 2016 y 2018 no han sido publicadas.

Ausencia del Estado

De acuerdo a la Contraloría General de la República, las direcciones estadales de Ambiente y de Inparques no realizaron estudios, investigaciones o inventarios que permitieran establecer el grado de destrucción, degradación y fragmentación de los ecosistemas en los cuatro parques nacionales. “La ausencia de estos estudios e investigaciones se debe a la falta de planificación de dichas actividades e inclusión de las mismas en los planes operativos, reglamentación y planes de uso, así como la falta de personal profesional y técnico en las Unidades de Vigilancia y Control Ambiental, para dar respuesta a los efectos de intervención de los recursos naturales existentes”, quedó asentado en la memoria y cuenta de la entidad contralora para 2014.

En el caso del monumento Piedra La Tortuga se halló personal insuficiente de Inparques, inexistencia de planes de ordenamiento y reglamentos de uso,  instalaciones abandonadas o afectadas por el hurto, y falta de presupuestos debidamente definidos para contrarrestar estas circunstancias. “Se observó una instalación de pozo profundo para el combate de incendios que se encuentra inoperativa por el desvalijamiento (hurto) del banco de transformadores de electricidad, bombas y cableado eléctrico”, se detalla. La auditoría concluye en que los vacíos en las obligaciones de Inparques posibilita  actividades ilícitas y genera un “alto impacto degradante” en la flora y la fauna de la zona.

Esta falta de vigilancia y monitoreo por parte de Inparques y de la dirección estadal de Ambiente parece provocar situaciones aún más graves en el Área Boscosa Pedernales, ubicada en Delta Amacuro. En junio de 2014, la sede local del Ministerio de Ambiente respondió a Contraloría que sólo realizaban inspecciones de vigilancia y control a solicitud de esa cartera o en respuesta a denuncias de residentes de las comunidades aledañas. Esto, señala la auditoría, conlleva a que se realicen “actividades en el área protegida que generan destrucción, degradación y fragmentación de los ecosistemas”. El ente contralor halló, por ejemplo, un tubo metálico con residuos provenientes de un pozo petrolero que se encontraba a escasos metros. “(Esto ocasiona) disminución de oxígeno al generarse manchas de alquitrán, destruyendo las fuentes de alimentación en las especies superiores, e introducción de agentes cancerígenos en la cadena alimenticia”, concluye.

Otras de las fallas que se identifican en la labor de las instituciones públicas son las que se presentaron en la evaluación del estado del Parque Nacional Médanos de Coro. La auditoría señala, por un lado, que la dirección regional de Inparques en Falcón no cuenta con programas de bioseguridad para prevenir riesgos a la conversación del lugar. Identifica, además, en los alrededores tres asentamientos urbanos ilegales con servicios básicos precarios. “Esta situación obedece a que las autoridades competentes no consideraron gestionar el desarrollo social, económico y conservación ambiental ni priorizaron a las comunidades organizadas que hacen vida en las áreas del parque para reubicarlas en un nuevo urbanismo”. La Contraloría sostiene que la instalación de estos asentamientos no garantiza un progreso sustentable y sostenible entre el ecosistema, la diversidad biológicas y los demás recursos naturales del área bajo protección.

Para los años 2013 y 2014, la incapacidad de Inparques para solventar sus deficiencias también quedó plasmada en las memorias y cuentas del Ministerio de Ambiente. De las 59 metas que Inparques se planteó durante los primeros 15 meses de esos dos años, en temas de proyectos, equipos, planes y vigilantes para la conservación y mantenimiento de parques nacionales y recreativos, incumplió la mitad. Por ejemplo, para 2013 se planteó diez proyectos de infraestructura y ninguno fue ejecutado.

Actividades ilegales

El gobierno de Nicolás Maduro autorizó en 2016 la explotación de coltán, oro y diamante en el área conocida como Arco Minero del Orinoco o Arco Minero de Venezuela. Es una extensión de 112 mil metros cuadrados que abarca parte de los estados Bolívar y Amazonas. Esta autorización ha sido rechazada por organizaciones medioambientales locales que han considerado un impacto negativo de esa explotación en un área donde también está ubicado el Parque Nacional Canaima, una de las cientos de áreas venezolanas bajo protección especial del Estado que también es Patrimonio Natural de la Humanidad.

En contraposición al gobierno, en 2014 la Contraloría General de la República (CGR) advertía sobre la existencia de actividades mineras sin permisología estatal que estaban poniendo en peligro la conservación del parque. “De la inspección in situ practicada en fecha 14?05?2014 a la Comunidad Indígena de Campo Alegre, ubicada geográficamente en las coordenadas siguientes: N 04° 45’ 80” y W 61º l2’ 00”, en el sector oriental del Parque Nacional Canaima, se evidenció la práctica de la actividad minera en las cercanías del río Kukenan, realizada con la utilización de equipos de bombas a gasolina y cintas transportadoras para la extracción de oro”, señala la CGR.

La auditoría sostiene que estas acciones se originaron por la falta de gestiones ambientales de las autoridades para evitar el deterioro del ecosistema y por las actividades “desmedidas e irracionales” de los habitantes de la comunidad Campo Alegre en la extracción de los recursos auríferos. “En consecuencia, se causan daños de contaminación a la principal fuente de agua del estado Bolívar y parte del territorio venezolano, así como al ecosistema del Parque Nacional Canaima”, concluye el informe.

En diciembre de 2018, un estudio de la organización colombiana Infoamazonía junto a la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada detectó que de los 2,315 puntos mapeados de extracción ilegal de minerales en seis países de la Amazonia, el 82% está ubicado en Venezuela.

La ausencia del Estado en este parque ha provocado, además, la instalación de grupos de crimen organizado que han hecho de la actividad minera un negocio bastante lucrativo pero al mismo tiempo violento. Al menos 12 masacres se han producido en las minas explotadas del arco desde 2016.

Así como la Contraloría detectó actividades mineras en Canaima, también encontró acciones ilegales que amenazan la conservación del monumento Piedra La Tortuga en el estado Amazonas. “Se observó una entrada ilegal de vehículos (carretera de tierra) ubicada en las coordenadas N 05º 34’ 15,3” y W 067º 35’ 20,96”, que sirve para la extracción ilegal de madera y palma de cucurito, así como un acceso ilegal de vehículos (puerto clandestino) ubicado en las coordenadas N 05° 34’ 38,0” y W 067º 35’ 33,5” que sirve para el contrabando de mercancías”, señala la auditoría. La CGR también halló indicios de pesca ilegal.

El hallazgo de tráfico ilegal de madera es consecuente con las investigaciones que en 2012 inició la policía criminal internacional con su “Operación Plomo” en Latinoamérica. La operación permitió a Interpol incautar para 2013 alrededor de 40 millones de dólares en tráfico ilegal de madera en Venezuela y comenzar a poner al país en el rastro de los países habituales en esa actividad.

“Es notable el papel de Venezuela en esta última ronda de incautaciones de madera, sobre todo teniendo en cuenta que la cantidad incautada en un mes representó más de tres veces la cantidad total de madera incautada a nivel internacional durante la primera fase de la operación”, señaló en su momento una nota de la plataforma de investigación regional de crimen organizado y corrupción InSight Crime.

Las auditorías de la Contraloría también revelan la existencia de una de las principales causas de contaminación ambiental a escala mundial: la tala y quema de árboles. Estas acciones provocan destrucción de la biodiversidad de los bosques y contaminación del agua, que terminan influyendo en la cadena alimentaria del hombre.

“En el Caño Wakajara de Manamo, estación geográficamente ubicada en las coordenadas siguientes: N.º 1046876-E566279, la vegetación y el suelo presentan evidencias de afectación por tala y quema de árboles, en aproximadamente una hectárea, y apertura de canal de drenaje (trinchas)”, dice la CGR en referencia a una zona ubicada dentro del Área Boscosa Pedernales del estado Delta Amacuro.

De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación, o FAO por sus siglas en inglés, Venezuela es el décimo país con mayor pérdida anual de bosque.

Obras ilegales

Además de las faltas en las obligaciones de Inparques y de las actividades ilegales que ésto ha provocado, la Contraloría General identificó tres obras que fueron dispuestas en dos de los parques nacionales auditados sin contar con la permisología correspondiente. Estas construcciones, dice la CGR, afectan la conservación de los biomas (flora y fauna) presentes en estos lugares.

En el monumento Piedra La Tortuga, la empresa estatal Corpoamazonas construyó una planta de procesamiento de asfalto a pesar de la negativa del Ministerio de Ambiente. “Se evidenció que la Dirección Estadal del Poder Popular para el Ambiente-Amazonas consideró no factible la instalación de la referida planta. No obstante, se constató que Corpoamazonas S.A instaló y colocó en funcionamiento la planta en cuestión, sin contar con el debido estudio de impacto ambiental, ni la permisología correspondiente”, señala la auditoría.

Corpoamazonas es una empresa pública creada para implementar proyectos que promuevan el desarrollo integral del estado Amazonas. Es decir, una empresa del Estado omitió velar por las mismas obligaciones que el Estado establece. En 2014, esta compañía estaba dirigida por la militante del partido de gobierno, exministra de Hugo Chávez para los Pueblos Indígenas y actual diputada de la Asamblea Nacional, Nicia Maldonado.

La Contraloría también considera ilegal dos construcciones realizadas en los Médanos de Coro, en Falcón. Según la entidad contralora, ambos proyectos carecen de documentación de soporte y permisología. “Se constató la existencia de dos contrataciones: ‘Construcción Parque Divino Niño’, por la cantidad de Bs. 1.200.000,00; y ‘Construcción Plaza Magglio Ordóñez’, por un monto de Bs. 499.696,91 ejecutadas específicamente en el Paseo Monseñor Iturriza, durante el año 2012, las cuales no tienen ningún soporte relacionado con la solicitud de los permisos, ni la respectiva autorización por parte del Instituto Nacional de Parques para la ejecución de las obras antes mencionadas, tal como lo prevé el artículo dos, párrafo único del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso del Parque Nacional Médanos de Coro”, señala la auditoría.

El informe no señala qué entidad pública o privada estuvo a cargo de la construcción de las obras, pero señala que la alcaldía de Coro no tramitó las respectivas autorizaciones. “(Esto) incide negativamente en la administración y conservación, toda vez que se efectúen construcciones que no estén acordes para preservar y conservar los ecosistemas y paisajes del Parque Nacional Médanos de Coro”, puntualiza.