Las organizaciones de la Sociedad Civil que suscriben el presente comunicado, respaldados como lo estamos, en nuestro compromiso de promover y defender los Derechos Humanos (DDHH) nos permitimos manifestar a través del presente comunicado lo siguiente:

DENUNCIAMOS que en Venezuela se vienen ejecutando de manera sistemática, actos de criminalización de organizaciones sociales, sus actividades y sus principales actores; entre los que se incluyen ONG’s, Gremios Profesionales, Asociaciones Vecinales, Sindicatos, Organizaciones Religiosas, Grupos Empresariales; organizaciones estas que en su conjunto, constituyen la base medular y conciencia del país nacional.

ADVERTIMOS que tales prácticas de criminalización de organizaciones sociales y sus principales actores, provienen de distintos órganos del Poder Público Nacional, como lo son el Poder Ejecutivo Nacional y sus distintos apéndices, incluyendo allí de manera especial al Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN; el Poder Judicial a través del Tribunal Supremo de Justicia y sus distintos órganos dependientes; la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, junto a la jurisdicción militar y con especial referencia a la Guardia Nacional Bolivariana;​​​ y muy recientemente a través de un ente de hecho, como lo es la pretendida Asamblea Nacional Constituyente, la cual recientemente creó, según propuesta del Presidente Nicolás Maduro, la denominada  Comisión de la verdad, justicia, paz y tranquilidad pública, la cual por su origen irrito, así como su composición, esencialmente integrada por factores del Gobierno Nacional, pudiera convertirse en un órgano de persecución con presunto y discutido carácter supraconstitucional, dirigido esencialmente a impartir “justicia” hacia los factores del país nacional, que recientemente vienen manifestando su descontento ante las políticas gubernamentales, así como ante la ruptura del orden constitucional en Venezuela.

CONDENAMOS la detención en el territorio nacional de distintos dirigentes sociales, gremiales y empresariales, como los casos del dirigente comunitario y periodista Carlos Julio Rojas, procesado por justicia militar y confinado en precarias condiciones en la Cárcel de Ramo Verde;  del defensor de Derechos Humanos y activista social Carlos Graffe; procesado por justicia militar y confinado en precarias condiciones en la Cárcel de Ramo Verde;  Rosmary Di Pietro presidenta del Colegio de Contadores procesada por justicia militar y recluida en la sede El Helicoide del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN); Julio García presidente del Colegio de Enfermeros de Carabobo, procesado por justicia militar y confinado en la Cárcel de Ramo Verde;  Omar Escalante, presidente de la Federación de Trabajadores de Carabobo (FETRACARABOBO), procesado por justicia militar y confinado en la Cárcel de Ramo Verde; y que a decir del director del SEBÍN, Gustavo González López, “estos hechos guardan relación con la permanente acción delictiva de grupos opositores que pretenden el derrocamiento del Gobierno presidido por el comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros, tal como lo han expresado públicamente voceros de la derecha, y que estamos seguros serán objeto de las acciones que se emprenderán para hacer justicia bajo la tutela de la Asamblea Nacional Constituyente y las nuevas autoridades del Ministerio Público”; por lo que en definitiva tal elaboración policial, pudiera convertirse en un justificativo, y causa común de persecución política a un gran e indeterminado número de venezolanos.

RECHAZAMOS la criminalización y ataque a iniciativas generadas desde organizaciones de derechos humanos, actuando en el ejercicio y ámbito de sus objetivos, tales como “nombre y vergüenza”, iniciada desde la ONG Provea, la cual respaldamos y avalamos en su totalidad el grupo de organizaciones que suscribe el presente comunicado, iniciativa esta con la que se busca esencialmente documentar, visibilizar y prevenir violaciones de derechos humanos ocurridas en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Afirmamos de manera inequívoca, nuestra firme voluntad de avanzar unidos en la promoción y defensa de los derechos humanos, así como compartir solidariamente la responsabilidad y consecuencias de esta lucha.

MANIFESTAMOS gran preocupación por la irrita destitución de la Fiscal General de la Republica, Luisa Ortega Díaz, luego de manifiestos actos de hostigamiento, presión, e injerencia indebidas, por parte del Poder Ejecutivo Nacional; así como la irrita designación del antiguo Defensor del Pueblo Tarek William Saab, en las funciones de Fiscal General de la Republica; provocando con ello, más allá de una usurpación de funciones, peligrosos procesos de ingobernabilidad, así como de fractura evidente en la imparcialidad debida a la administración de justicia; que sumados a los factores anteriormente señalados, constituyen un absoluto desmoronamiento del concepto de justicia justa, la cual se precisa necesaria ante la evidente y sistemática criminalización de las organizaciones sociales y sus actores fundamentales en Venezuela.

Por lo que en consecuencia;

DEMANDAMOS a las cabezas del Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Ciudadano; Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros, al Presidente del Tribunal Supremo de Justicia Maikel José Moreno Pérez, Presidente del Consejo Moral Republicano  Tarek William Saab Halabi, que se ciñan en su accionar, y en estricto apego, a los Pactos y Convenios Internacionales suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela, en materia de derechos humanos, así como  a los derechos garantizados en la Constitución de 1999; haciendo cesar de manera inmediata todo acto de criminalización de las organizaciones sociales del país, de sus actividades, así como de persecución a sus principales actores.

EXPRESAMOS de manera firme y decidida, a cada ciudadano y ciudadana, de la República Bolivariana de Venezuela a EJERCER su DEBER de COLABORAR, en el restablecimiento de la efectiva vigencia de nuestra Constitución, vistos como han sido, los írritos actos ejecutados por algunos actores del Poder Público Nacional, que han menoscabado y pretenden seguir menoscabando la vigencia de nuestra carta magna.

EXHORTAMOS de manera firme y decidida, a cada ciudadano y ciudadana, de la República Bolivariana de Venezuela a EJERCER su DEBER de DESCONOCER cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos consagrados en nuestra carta magna.

NOS COMPROMETEMOS a ser fieles en nuestros exhortos, y ASUMIR igualmente como lo solicitamos, tanto desde nuestra perspectiva como organizaciones, e individualmente como ciudadanos; TODOS LOS ESFUERZOS DISPONIBLES para garantizar y hacer respetar, los más sagrados valores de nuestra república, como lo son la democracia y el respeto a los derechos humanos.

En la ciudad de Porlamar, a los 17 días del mes de agosto del año 2017.

Suscriben este manifiesto:

1. Acceso a la Justicia.
2. Acción Solidaria
3. Acción Zuliana por la Vida (AZUL POSITIVO)
4. AEPA Falcón A.C
5. Amigos Trasplantados Venezuela.
6. Aula Abierta Venezuela.
7. Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centroccidental «Lisandro Alvarado».
8. Catedra de la Paz y Derechos Humanos Mons. Oscar Arnulfo Romero de la Universidad de los Andes.
9. Camino Democrático
10. Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (CADEF).
11. Centro de Animación Juvenil.
12. Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello.
13. Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH-UNIMET)
14. Centro para la paz y Derechos Humanos “Padre Luis María Olaso” UCV (CPDDHH)
15. Centro de Formación para la Democracia CFD (Venezuela).
16. CEPAZ – Centro de Justicia y Paz.
17. CIDER
18. CIVILIS Derechos Humanos
19. Coalición Clima 21
20. Coalición DDHH y Defensores del Estado Falcón
21. Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (CODEVIDA).
22. Comisión de Derechos Humanos de la Federación Venezolana de Colegio de Abogados del Estado Apure.
23. Comisión de Derechos Humanos de la Federación Venezolana de Colegio de Abogados del Estado Monagas.
24. Comisión de Derechos Humanos de la Federación Venezolana de Colegio de Abogados del Estado Sucre.
25. Comité para la Defensa de los Familiares y Víctimas de Violación DDHH (COPRODEH)
26. Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia.
27. Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Táchira.
28. Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (CODEHCIU)
29. CONVITE A.C
30. Espacio Publico
31. Expresión Libre A.C
32. EXCUBITUS Derechos Humanos en Educación.
33. Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (FENASOPADRES)
34. Foro Penal Venezolano Capitulo Nueva Esparta.
35. Fundación Agua Clara
36. Fundación Arcoíris por la Vida (FAVID)
37. Fundación Nueva Mujer Margarita
38. Gente del Petróleo (Zona Norte Anzoátegui).
39. Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de los Andes.
40. Humano Derecho Radio Estación
41. INCIDE
42. Laboratorio de Paz.
43. Llamado a la Conciencia Vial A.C.
44. Manos Amigas por la Vida (MAVID)
45. Movimiento SOMOS
46. Nueva Esparta en Movimiento A.C.
47. Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA)
48. Observatorio Venezolano de la Salud.
49. Organización StopVIH.
50. Organización Para la Prevención Nacional de la Corrupción (ORPANAC).
51. Padres Organizados de Venezuela
52. Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos. (PROVEA).
53. Proyecta Ciudadanía A.C.
54. Redes Ayuda
55. Revista SIC
56. RIOD Venezuela
57. Sociedad Hominis Iura (SOHI)
58. Transparencia Venezuela.
59. Un Mundo Sin Mordaza
60. Una Ventana a La Libertad
61. Unión Vecinal para la Participación Ciudadana
62. Venezuela Diversa A.C