El sondeo de percepción ciudadana del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, difundido en enero de este año, reveló que 87% de los encuestados almacena agua y 58,7% recibe un recurso impuro; mientras que, en materia de aguas residuales, el Estado mantiene una deuda ambiental
Transparencia Venezuela, 22 de marzo de 2022. El acceso al agua y el saneamiento han sido reconocidos durante mucho tiempo como un derecho humano. Según Naciones Unidas, el suministro del recurso hídrico y la pobreza están estrechamente relacionados, de manera que, sin agua es imposible avanzar en una agenda de desarrollo. De igual modo, ONU-Agua ha advertido que la escasez del líquido afecta actualmente a más de 40% de la población mundial. El organismo estima que, en el futuro, este porcentaje podría aumentar.
En Venezuela, el impacto de la falta de agua potable y de calidad es aún mayor si se toma en cuenta que el país atraviesa una Emergencia Humanitaria Compleja producto de la corrupción. El Estado ha incumplido los compromisos relacionados con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 de la Agenda 2030 que insta a “garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”.
De acuerdo con el sondeo de percepción ciudadana, realizado en 2022 por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP) y divulgado en enero de este año, 87% de los encuestados no tiene más opción que almacenar el agua debido a las fallas en la distribución y el suministro por tuberías. A su vez, 58,7% indicó que el líquido presenta coloración, es decir, no es pura. La medición, que abarcó 12 estados del país, reveló que 61,5% del total de la muestra opinó de forma negativa sobre el servicio, y que las ciudades más afectadas por el problema son Porlamar, Maracaibo, Barquisimeto, Punto Fijo, Valencia y Caracas.
Obras inconclusas, investigación de Transparencia Venezuela que monitoreó e inventarió 246 proyectos que no se ejecutaron o quedaron a medias -a pesar de que les asignó una importante cantidad de recursos públicos-, determinó que 10 de esos grandes “elefantes blancos” dispersos por varios estados del país son del sector agua, en tanto que otros 10 corresponden a saneamiento ambiental.
Entre los mayores fiascos de ingeniería destinados a mejorar el suministro de agua potable, incluidos en dicho estudio, se encuentra el Proyecto Tuy IV, que Hidrocapital dejó estancado en 67% de ejecución física. También se evidenció que el Ministerio de Atención a las Aguas no ha rendido cuentas sobre los más de USD550.000.000 destinados a la rehabilitación de plantas de potabilización de cinco estados. Los trabajos iniciados en 2012 debieron estar listos en 2016, pero siguen inconclusos.
Según el informe, otra obra ministerial que se encuentra estancada es la construcción de la represa Dos Bocas, que forma parte del Sistema Hidráulico Yacambú-Quíbor, en los límites Lara-Portuguesa, en la cual se invirtieron más de 800 millones de dólares.
Deuda ambiental
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 no solo anima a los Estados miembros a buscar soluciones a la crisis del recurso hídrico para consumo humano. También los exhorta a reducir a la mitad su porcentaje de aguas residuales, pues se estima que más de 80% de éstas se vierten en los ríos o en el mar sin ningún tratamiento, lo que provoca su contaminación.
En 2022, Transparencia Venezuela, de la mano de reconocidos académicos y representantes de la sociedad civil, publicó Aguas residuales: otra deuda ambiental en Venezuela. El reporte forma parte de una serie desarrollada por la organización, que incluye trabajos sobre el impacto de los derrames petroleros y la responsabilidad de la corrupción en el ecocidio causado por la explotación ilegal de oro al sur del país.
El reporte destaca que, tras la creación del ministerio de Atención a las Aguas en 2018, ente que se encarga exclusivamente de gestionar el agua y el saneamiento, el problema de las aguas residuales o servidas está lejos de solucionarse. Tras cinco años de gestión, más de 50 plantas de tratamiento de ubicadas en diferentes estados de Venezuela tienen problemas operativos.
Los expertos que participaron en la investigación hicieron un conjunto de recomendaciones para recuperar las plantas de tratamiento, que van desde levantar un nuevo diagnóstico de infraestructuras, hasta actualizar los planes maestros de agua potable y de aguas servidas.
Coincidieron en que, para avanzar en el cumplimiento del Objetivo del Desarrollo Sostenible 6 propuesto por la ONU, se requiere de una gestión “más íntegra y transparente” de los recursos hídricos en Venezuela. De igual modo, consideran que el sector necesita un presupuesto justo y que se garantice el manejo técnico tanto de las cuencas hidrográficas como de las plantas de tratamiento.
Este año, en el marco del Día Mundial del Agua, Transparencia Venezuela reivindica la necesidad de que el Estado venezolano cumpla los compromisos adquiridos con respecto al agua y su saneamiento, como un derecho humano que es vulnerado, causando con ello un severo impacto en la salud y la calidad de vida de los ciudadanos.
De igual modo, la organización estará atenta a los acuerdos y propuestas que surjan de la Conferencia de la ONU sobre el Agua 2023, que se celebra del 22 al 24 de marzo, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.
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