La nueva fase de la investigación de Transparencia Venezuela sobre Empresas del Estado arroja luces sobre la dimensión del control del gobierno del presidente Nicolás Maduro sobre sectores claves, y la coacción y discriminación que ejerce sobre los productores agropecuarios tradicionales. 

Transparencia Venezuela, 26 abril 2018.- “Para sembrar hay que callar. No hablar mal del Gobierno”. La frase resume el tipo y alcance de la supuesta coacción, que de acuerdo a los hallazgos del estudio, imponen los militares a los productores agropecuarios privados en Venezuela cuando éstos intentan acceder a los insumos necesarios para la siembra y ganadería, hoy bajo el control del Estado desde la expropiación de Agroisleña y su transformación en Agropatria en 2010.

Agropatria, cuyos activos aún no han sido pagados a sus antiguos dueños, tiene una importancia estratégica en el mundo de la producción agropecuaria porque es -o era- la distribuidora de semillas, fertilizantes, equipos, asistencia y hasta créditos para el campo venezolano.

La situación de los productores tradicionales es sensiblemente peor desde la creación de Agropecuaria de la Fuerza Armada Bolivariana AgroFanb,  la empresa militar, creada en agosto de 2013, a través de la cual se impuso el control de los uniformados castrenses sobre la producción del campo venezolano. Es una de las 526 empresas propiedad del Estado venezolano que identificó Transparencia Venezuela en una investigación hecha en 2017 y cuyo directorio resultante puede ser consultado en el portal de datos abiertos más importante del país, Vendata. Al mismo tiempo es una de las tantas empresas que son exclusividad de los militares, de acuerdo con otra de nuestras investigaciones La Fuerza Armada venezolana tiene luz propia en la corrupción.

Fuentes consultadas en el marco de la continuación de la investigación sobre las Empresas Propiedad del Estado -y cuyos nombres se reservan para evitar mayores retaliaciones- señalan que AgroFanb se ha transformado en un filtro para decidir quién participa del proceso de producción y cómo se distribuyen los alimentos, en medio de una escasez de comida sin precedentes en este país.

En 2008 la producción privada cubría 70% de la demanda nacional y 10 años después, apenas un 30% y viene cayendo, entre otras razones, por la escasez de los insumos que debe proveer la industria para la siembra, tales como semillas, fertilizantes y maquinarias.

«La directriz de AgroFanb parece ser la de bloquear al sector privado. Siempre han resultado infructuosos los intentos por coordinar con el Ejecutivo Nacional, o más bien con los militares, alguna política que permita paliar la falta de alimentos en los anaqueles. No hay voluntad de sentarse porque no tienen respuestas”, reveló uno de los consultados. El productor se ve envuelto en un círculo pernicioso: no puede acceder a los insumos necesarios para la siembra y si no produce, le expropian las tierras.

AgroFanb es presidida por el vicealmirante José Gregorio Aguilera, quien también está al mando de Agropatria. Es el funcionario que tiene la última palabra en la distribución de los insumos.

¿Los militares siembran?

En 2017, AgroFanb reportó que de 1.000 hectáreas productivas habían logrado pasar a 18.900. Oficialmente informó también que en el invierno de ese mismo año sembraron 104.000 hectáreas de maíz y sorgo.

Pero las cifras de producción de AgroFanb son inauditables, y en ocasiones han discrepado de las divulgadas por el Ministerio para la Agricultura Productiva y Tierras.

Es así como la promesa del militar sembrando para el pueblo es solo propaganda. “En la práctica no existe un programa de producción de AgroFanb”, enfatizan los productores. AgroFanb tiene una estructura básica en Aragua y Bolívar, principalmente, pero no hay registro certero de cuánto se produce, si fuera verdad esto.

La estrategia militar es buscar aliados en el sector agroalimentario que se plieguen a las condiciones impuestas desde el Ejecutivo Nacional.  No son productores, son organizaciones de comercio”, argumentan los consultados.

“Los militares les dan insumo solo a sus aliados. A los productores privados les dan lo que queda”. Así se resume el plan de financiamiento impuesto por los uniformados. De allí que para el Gobierno Nacional hay productores de primera y productores de segunda.

El lucrativo negocio de la intermediación

En 2017 el Gobierno impuso la obligación de vender al Estado 20% de la producción privada de maíz, arroz y sorgo, bien sea a AgroFanb o a Agropatria, a cambio de insumos para la siembra.

En 2018, el programa de financiamiento de AgroFanb estableció que en lo sucesivo ya no sería 20%, sino 30% de la producción privada la  que debía  ser vendida al Estado a precio regulado. Es el sometimiento del productor  (aliado o no del Gobierno) al denominado Plan Zamora Bicentenario, que fue anunciado a principios de 2016, con la promesa de impulsar la producción primaria de alimentos, en unión “cívico-militar”.

AgroFanb vende el arroz, el maíz y el sorgo a la industria.  Es el filtro de los militares. Es una práctica que se podría prestar para la conformación de mafias y corruptelas en distintas formas.

Además, de acuerdo a información obtenida por Transparencia Venezuela, existe una marcada diferencia entre el costo de los insumos adquiridos por Agropatria (antigua Agroisleña) a Pequiven (filial de la estatal Pdvsa), y el monto que tienen que pagar por esos mismos insumos los productores que no forman parte de la estructura estatal.

De la defensa de la Nación al negocio de la comida

Desde 2004 cuando el país estaba bajo las riendas de Hugo Chávez, el componente castrense ha tenido un papel protagónico en el sector de alimentos, al punto que hasta la actualidad – abril de 2018 –  oficiales de alto rango militar han ocupado el cargo de Ministro de Alimentación, tal como lo ha verificado Transparencia Venezuela en un análisis sobre la influencia de los uniformados en la vida civil de la nación.

Maduro acentuó esa directriz. Desde 2016  encargó al Ministro de la Defensa, General Vladimir Padrino López, y General en Jefe del Ejército y jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional, la dirección de 15 organismos relacionados con el sector de alimentos, a través de la Gran Misión Abastecimiento Soberano.

El ámbito de acción del Ministro General Padrino López, incluye una estructura conformada  por un  “comando”, encargado de supervisar la distribución,  así como  la coordinación de 9 mercados mayoristas.  Se designaron “comandantes”  para supervisar  18 rubros de alimentos, es decir un general o alto oficial como parte de la estructura a manos de los militares.

La seguridad de la Nación pareciera ser tarea secundaria para los militares en este Gobierno.

Todo para los CLAP

Los militares también tienen el control sobre los alimentos para distribuirlos solo a los sectores de la población que según el Gobierno Nacional deben ser favorecidos, de acuerdo a lo dictaminen los llamados “Comités Locales de Abastecimiento y Producción” (CLAP). “Venga de donde venga la materia prima, eso va a los CLAP”, señalan los productores.

Esta forma de distribución de comida atiende a criterios políticos. Para acceder a la compra de alimentos regulados del Gobierno Nacional se exige el llamado Carnet de la Patria, que se ha convertido en un elemento – con características que lo perfilan como un carnet del partido del gobierno- que propicia la discriminación de los ciudadanos. Vea nuestro informe “El Apartheid Revolucionario.

“Todo va a los CLAP, aunque no hay mucho que distribuir”, se señala desde el sector agrario. La distribución de esos alimentos se maneja con un discurso que se basa en la esperanza: “El Gobierno va a vender una bolsa de comida a precios regulados, aunque no llegue con regularidad”.

La destrucción del aparato productivo, el control cambiario y el bloqueo a los productores del agro que no dependen del Estado, son parte del cóctel que tiene a miles de ciudadanos sometidos a largas colas para comprar comida, dependientes de las Bolsas y Cajas CLAP (Comité Locales de Abastecimiento y Producción), que ofrece como alternativa la venta de unos cuantos productos importados,  a precios  muy inferiores a los del mercado. Un esquema que, por cierto, ya tropieza con denuncias de corrupción de alto tenor, que han salpicado a funcionarios emblemáticos como Tareck El Aissami, vicepresidente de la República y al mismo presidente, Nicolás Maduro.