La acción, por como la presentaron las autoridades venezolanas, parece destinada a demorar el inicio de las averiguaciones para identificar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela. Sin embargo, expertos consideran que esto no necesariamente tendría por qué producirse
Transparencia Venezuela, 12 de julio de 2023. Pese a que ya recibió luz verde, el momento exacto en el que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) retomará sus investigaciones para identificar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela no luce claro. La lluvia de acciones que ha recibido el juzgado internacional, en los últimos días, amenazan con demorar el inicio de las ya de por sí complicadas averiguaciones.
Hasta ahora, la CPI ha recibido dos acciones: la primera del Gobierno de Nicolás Maduro, y la segunda de su propia Oficina Pública de Defensa de las Víctimas.
El pasado 4 de julio, el Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano publicó un comunicado en el que anunció “su apelación contra la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares que autorizó la reanudación de la investigación en el asunto denominado “Venezuela I”.
En el escrito, el Poder Ejecutivo venezolano insistió en que “continuará haciendo uso de todas las acciones disponibles en el Derecho Internacional para defender la verdad y defender los derechos de la Nación”, y reveló que “en las próximas semanas y de conformidad con el procedimiento establecido, Venezuela consignará los elementos que respaldan su apelación, denunciando cada una de las falencias de la citada decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, que resulta claramente contraria a la verdad y la justicia”.
Un obstáculo más
La acción, por como la presentaron las autoridades venezolanas, parece destinada a demorar el inicio de las averiguaciones. Sin embargo, expertos consideran que esto no necesariamente tendría por qué producirse. “Esto no interfiere con la investigación del Fiscal porque esa acción no tiene efectos suspensivos, a menos que la Sala de Apelaciones así lo declare”, escribió en Twitter el especialista en Derecho Internacional Público, Simón Gómez Guaimara.
La hipotética suspensión de la investigación en el curso de la apelación debe ser solicitada por el Estado venezolano, previa demostración de un perjuicio por la decisión de la que se apela. En este caso, “no existe daño alguno para Venezuela porque podría sencillamente empezar a investigar”, agregó el experto en derecho internacional.
Solo la apertura de procesos judiciales contra altos mandos y superiores jerárquicos de los perpetradores de los crímenes podría dar a la Sala de Apelaciones de la CPI motivos para decretar una paralización del proceso, aseveró Guaimara.
Por su parte, el constitucionalista y codirector de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, consideró que la maniobra del Gobierno revela que este no está interesado en hallar la verdad. “No hay que defender los «derechos como Nación» de Venezuela, porque el país no está siendo juzgado por la CPI. LA CPI juzga personas, no países”, explicó Daniels en la misma red social.
El Fiscal de la CPI, Karim Khan, deberá participar en este acto y defender por qué considera que Venezuela no está investigando correctamente las graves violaciones a los Derechos Humanos ocurridos en el país, lo cual con toda probabilidad distraerá su atención de las averiguaciones.
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