Entrevista a Adelina González
—Siendo experta en control fiscal, ¿cree en la contraloría social?
—Sí creo. Puedo decir que Clodosbaldo (Russián, el fallecido contralor general) y yo la practicamos desde los albores del movimiento vecinal, en los años 70, y como concejales de Caracas en los 90. Nadie hablaba entonces de eso, pero nosotros hicimos un trabajo sobre la participación de los ciudadanos en el control de la gestión municipal. Siempre hemos pensado que el primer contralor de una obra es el vecino que vive al lado. Es el que puede saber si en lugar de cabilla de media le están poniendo tripa e’ pollo. Claro que la contraloría social requiere capacitación, preparación, no basta con darles poder a las personas. Y hay que concienciar también a las autoridades. Sin información el ciudadano no puede controlar. Si un ciudadano le pregunta a su alcalde en qué ha gastado el presupuesto, éste se siente ofendido, como si se sospechara de su honorabilidad. Eso debe cambiar… si son fondos públicos, ¿cómo es que puede haber algo secreto? La contraloría social puede incluso controlar al control fiscal, que somos nosotros, su ámbito es más amplio que el nuestro.
—¿La Contraloría procesa también denuncias contra consejos comunales?
—Sí, y están en el informe. El que administre, maneje o custodie fondos del Estado está sujeto a control fiscal. Antes de llegar nosotros, existía el criterio de que cuando se daba una transferencia a una fundación u ONG no se le podía exigir cuentas porque era un dinero que ya no estaba en el patrimonio público. Era un criterio errado porque si yo te doy una donación no es para que tú te compres una casa en la playa, sino para realizar alguna obra social.
—Hablando de eso, Leopoldo López está solicitando la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su caso. ¿Hay alguna posibilidad de que ese organismo lo “desinhabilite”?
—A los efectos de la Contraloría, esa decisión está firme. Él agotó todas las vías administrativas y jurídicas, incluso acudió al Tribunal Supremo de Justicia a demandar la nulidad de las resoluciones. Entiendo que la Corte Interamericana ha recibido este caso, ha habido presión y publicidad, pero yo creo en las instituciones y va a ser difícil que esos magistrados puedan decidir a su favor. La sanción es apegada a derecho: nosotros teníamos la potestad para aplicarla, la auditoría cumplió los extremos legales y el afectado tuvo derecho a la defensa. No puede denunciar violación de derechos humanos quien ejerció todos los recursos que tenía para defenderse. No sé si es ingenuidad de mi parte, pero creo la CIDH no fallará a favor de López.
—Algunos penalistas que, paradójicamente, se han hecho muy prestigiosos por defender corruptos, han dicho que la reforma a la Ley contra la Corrupción favorecerá la impunidad. ¿Tendrán razón?
—Nosotros enviamos a la Asamblea Nacional nuestras propuestas y observaciones, lo que debería agregarse y lo que debería suprimirse. Por ejemplo, en Venezuela no tenemos regulación en materia del soborno transnacional que llevan a cabo grandes corporaciones mundiales y que no constituyen delito en sus países de origen. Por el contrario, son gastos que pueden deducirse del impuesto sobre la renta… ¡qué hipocresía! Tampoco tenemos regulación en materia de conflicto de intereses. Eso permitió que Luis Giusti saliera de ser presidente de Pdvsa directamente a asesorar al Gobierno de Estados Unidos. Aquí mismo tenemos casos de funcionarios que trabajan en la Contraloría y salen jubilados, despedidos o por renuncia y al día siguiente son los abogados o asesores de las personas que estaban investigando. Es insólito ver a alguien litigando contra la institución que le paga la jubilación. Eso no puede ser, hay que regularlo.
—¿Ha funcionado la relación de la CGR con la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional? Voceros opositores dicen que han hecho 900 investigaciones y acá no prospera ninguna…
—La investigación de un órgano político no exige la misma responsabilidad técnica y administrativa que la de un órgano de control fiscal. Cuando se lee una investigación hecha para la AN o las comisiones de Contraloría de los consejos legislativos o los concejos municipales, uno se encuentra con una narrativa de cosas que pasaron y con presunciones. Si no se tiene la prueba de lo que ocurrió, no pasa de ser reporterismo fiscal, y que no se ofendan los periodistas. Nosotros usamos esa expresión cuando recibimos un informe en el que nos echan un cuento. Son pocos los casos de trabajos serios, técnicos y bien documentados. Además, muchas veces dicen en la prensa que van a traer la denuncia a la CGR y no la traen. Unos diputados de Miranda dijeron que habían traído muchas denuncias acá y eso es falso. Sólo trajeron una y ya la remitimos a la Contraloría del Estado.
—¿Las declaraciones juradas de patrimonio deben ser documentos públicos?
—Quien dice eso no sabe lo que contiene esa declaración. Debe ser que nunca ha hecho una. Allí están los datos de todas las cuentas bancarias del funcionario, tarjetas de crédito, inmuebles, vehículos. Imagínese lo que puede hacer la delincuencia organizada con eso. Otra cosa es que los funci
Ultimas circunstancias
Las últimas circunstancias han convertido a la frase del compromiso llanero en una respuesta a la persistente pregunta de si va a postularse al cargo. “Con 40 años al servicio del Estado, no puedo ser egoísta y decir que quiero jubilarme e irme a descansar y a consentir a mis nietas. Violaría principios fundamentales de trabajo, de compromiso político, moral. Cuando el clarín de la patria llama, hasta el llanto de la madre calla. No tengo el valor de decirle a la República Bolivariana de Venezuela que ya no quiero servirle más”.
Por lo pronto, mientras su nombre aparece en la lista de candidaturas a la CGR, ella sigue -como su predecesor- clamando porque quienes hablan de corrupción se tomen la molestia de leer los informes de la Contraloría antes de acusar a la institución de ser permisiva y blanda. “Se van a llevar más de una sorpresa”, dice la apureña.
CLODOVALDO HERNÁNDEZ
ESPECIAL PARA CIUDAD CCS/FOTO J. CASTILLO