La bandera del Gobierno Nacional de proteger al “pueblo venezolano”, a través de los programas sociales denominados “misiones”,sigue tropezando con la realidad  y no muestra el supuesto impacto favorable en la población que ha pregonado el Poder Ejecutivo.

En el lapso entre marzo y mayo de 2017 las autoridades nacionales insistieron en dar un  “reimpulso” a estos programas. Sin embargo, continúa  imperando la discrecionalidad a la hora de hacer llegar a los venezolanos beneficios como la venta de bolsas de comida, entrega de viviendas y la  atención médica primaria.

 Esto que se traduce en el incumplimiento de su objetivo principal de resguardar a los más débiles, a lo que se agrega el uso del llamado Carnet de la Patria que acentúa  la discriminación y el control. Los criterios de selección, seguimiento y evaluación de impacto de los programas sociales son inexistentes,  lo que se continúa siendo un caldo de cultivo para la corrupción.