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Tras la suspensión indefinida del Referendo Revocatorio en Venezuela llevada a cabo por los tribunales regionales de primera instancia, el pasado 20 de octubre, Provea, Transparencia Venezuela y otras 52 sociedades civiles suscriben una comunicación al Secretario General de la OEA, Luis Almagro, solicitando la activación de la Carta Democrática Interamericana (CDI) en el caso de Venezuela.
Al imposibilitarle a los venezolanos manifestar mediante elecciones su insatisfacción con la gestión del actual gobierno, el Ejecutivo está descontinuando el hilo constitucional de nuestro país e incumpliendo con lo establecido en el artículo 19 de la CDI que reza:
“[…] la ruptura del orden democrático o una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático en un Estado Miembro constituye -mientras persista- un obstáculo insuperable para la participación de su gobierno en las sesiones de la Asamblea General, de la Reunión de Consulta, de los Consejos de la Organización y de las conferencias especializadas, de las comisiones, grupos de trabajo y demás órganos de la Organización.”
Al obstaculizar el proceso revocatorio el Gobierno Nacional está vulnerando el sistema democrático venezolano, por lo cual Provea considera pertinente comenzar a calificarlo desde el 20 de octubre como una dictadura.
El Coordinador General de Provea, Rafael Uzcátegui, puntualiza que “esta dictadura” es distinta a la que han vivido otros países latinoamericanos en su historia, en el sentido que se adapta a los nuevos tiempos. Ya que ésta “[coopta] la independencia de las instituciones para darles un matiz de legitimidad legal al abuso, la arbitrariedad y la hegemonía [de su] poder”, según su comunicado.
A finales de mayo de este año, el Secretario General de la OEA comenzó el procedimiento para invocar la Carta Democrática en el caso venezolano, al realizar un informe sobre nuestro país y elevarlo a la Asamblea de la Organización de Estados Americanos. El comunicado suscrito por las ONG´s es una petición para que continúe este proceso y se tomen las medidas correspondientes contra el Gobierno Nacional.
Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, reiteró el compromiso de las ONG´s con los ciudadanos y los alentó a denunciar los abusos de los cuales son víctimas para hacer valer sus derechos.