Caracas, 9 de febrero de 2018.- Con 53 créditos adicionales, aprobados sin reparos bajo los Decretos de Estado de Excepción y Emergencia Económica, el gobierno de Nicolás Maduro llevó el Presupuesto Nacional 2017 de 8,4 a 49,5 billones de bolívares.

Aprobar presupuestos evidentemente deficitarios y multiplicarlos a lo largo del periodo fiscal a fuerza de créditos adicionales, ha sido una práctica común de la autodenominada “revolución” desde sus inicios, que ha tenido resultados muy perniciosos para el país pues ha impedido atender los objetivos macroeconómicos y lograr la estabilidad de los precios.

De acuerdo con el histórico levantado por Transparencia Venezuela del periodo 2007-2017, la relación del Presupuesto versus créditos adicionales pasó de ser 91%-9% en 2007 a 17%-83%, apenas 10 años después.

El Presupuesto Nacional 2017, cuyo monto inicial era de Bs. 8.479.300.860.837, fue aprobado bajo la figura de decreto-ley por Maduro, en un hecho sin precedentes en la historia republicana del país, que echó por tierra la disposición de rango constitucional que obliga al Ejecutivo a someter la administración de los recursos al control del Parlamento. La violación de la norma, es preciso recordar, fue avalada por el Tribunal Supremo de Justicia. Vea aquí la sentencia del TSJ

El Presupuesto de la Nación fue manejado como una materia confidencial tanto por el poder Ejecutivo como por el Judicial. Sin embargo, Transparencia Venezuela logró en su momento obtener el documento y ponerlo a disposición de la Asamblea Nacional y, en formato amigable, al país.

Al término del ejercicio fiscal, esa “planificación” se infló 484% y llegó a Bs. 49.526.514.378.040 con los 53 créditos adicionales aprobados bajo el amparo de los supra poderes que el mismo Maduro se otorgó a través de los decretos de Estado de Excepción y Emergencia Económica, aprobados consecutivamente desde enero de 2016.

Los créditos adicionales son recursos que deberían aprobarse de manera excepcional, pues le quitan piso jurídico a la ley de presupuesto. Es un mecanismo que lleva a la discrecionalidad e improvisación a la hora de aplicar el gasto público, lo que equivale a que los recursos de todo el país se manejan como si fueran «la caja chica de Miraflores».

Esos recursos extraordinarios se financian con la emisión de dinero sin respaldo, lo que dispara el proceso hiperinflacionario, evidente hoy en Venezuela. Su aprobación indiscriminada propicia la corrupción e impide la aplicación de sanciones por los obstáculos impuestos al control parlamentario.

Los resultados mostrados en el recién develado Índice de Presupuesto Abierto 2017, que coordina la Sociedad Internacional de Presupuesto (IBP- International Budget Partnership) y en la cual participó Transparencia Venezuela, nos coloca en la posición 110 de 115 países, por la marcada opacidad en la administración del dinero público, tendencia contraria a lo que ocurre en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe.

El índice demuestra que la indisciplina fiscal en estas casi dos décadas de chavismo no obedece a una incapacidad para planificar los gastos de la Nación, sino a una deliberada manera de estos gobiernos de ocultar cómo gastan el dinero de todos los venezolanos, lo que logran con la acción complaciente de la Contraloría General de la República.