Las organizaciones abajo firmantes condenamos la violencia, represión y violación de derechos humanos que se viene dando de forma sistemática por parte de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones en contra de manifestantes y personas detenidas, desde el inicio de las protestas en Venezuela en el mes de abril de 2017; y que atentan contra derechos esenciales como lo son el derecho a la vida, a la integridad física y el derecho legítimo a la protesta pacífica, la libertad de expresión  y la lucha legítima por la democracia.

En este sentido, rechazamos todas las formas de violencia contra mujeres y hombres, en especial la violencia sexual que se ha profundizado en el marco de la política de represión del Estado, así como las violaciones a garantías jurídicas específicas hacia las adolescentes que han sido detenidas en el contexto de manifestaciones públicas.

En más de 100 días de protestas pacíficas, las denuncias registradas muestran actos de violencia sexual en los que  las mujeres detenidas han sido obligadas a desnudarse al interior de un centro de detención frente a funcionarios policiales, o han sido amenazadas y amedrentadas con improperios sexuales. En varios casos, las mujeres han sufrido brutales ataques de la fuerza pública, vejaciones y abusos en el marco de las protestas y durante los procesos de detención, muchos de los cuales han sido declaradas como violaciones por organismos de justicia. Según seguimiento a la prensa realizado por AVESA, se encontraron 25 víctimas de violencia sexual en este contexto (56% mujeres), quienes reportaron exposición a la violencia sexual (60% de los casos), tocamientos (20% de casos) y violación sexual (16% de casos, 2 mujeres y 2 hombres), e identificaron que las personas agresoras pertenecían a la Policía Nacional Bolivariana en el 68% de los casos, PoliAragua en 20% y, la Guardia Nacional en 12% de casos . Asimismo, nos preocupa que los actos de violencia sexual no sean denunciados, en ejercicio, exigibilidad y defensa de sus derechos, como consecuencia de la impunidad.

De conformidad con instrumentos internacionales ratificados por Venezuela, como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará), la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención de los Derechos del Niño y la Convención contra la Tortura, y otros Tratos Crueles o Degradantes, todas las formas de violencia deben ser erradicadas y prevenidas por las instituciones del Estado, sin ningún tipo de discriminación y garantizando el goce y ejercicio de todos los derechos en condiciones de igualdad, incluyendo la libertad de reunión pacífica, asociación y participación en los asuntos públicos; sobre todo en contextos de violencia donde las mujeres, adolescentes y niñas, por el hecho de serlo, son más vulnerables a ser víctimas de discriminación o grados mayores de violencia por la cultura patriarcal imperante.

Reafirmando el importante papel que desempeñan las mujeres en la prevención y solución de los conflictos y en la consolidación de la paz de conformidad con la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU, las organizaciones abajo firmantes instamos al Estado venezolano y a las autoridades responsables a:

1. Detener los actos de represión contra las manifestaciones pacíficas, adoptando de inmediato medidas apropiadas para proteger a la población de todas las formas de violencia, incluidas las mujeres y las niñas;

2. Investigar a fondo todas las denuncias de actos de violencia sexual cometidos por autoridades policiales o militares y que los presuntos responsables comparezcan ante la justicia, incluyendo superiores civiles y jefes militares, recordando que las violaciones comprenden también no prevenir la violencia sexual y permitir la impunidad;

3. Aplicar medidas apropiadas de disciplina militar bajo el principio de responsabilidad del mando en todas aquellas situaciones donde se comentan actos de violencia sexual;

4. Cumplir la prohibición categórica de violencia sexual a través de la verificación de antecedentes de las fuerzas armadas y de seguridad para tener en cuenta su historial y el adiestramiento de tropas donde se refute mitos que alimenten la violencia sexual;

5. Adoptar medidas para la evacuación hacia un lugar seguro de las mujeres y los niños que se encuentren bajo amenaza inminente de violencia sexual, teniendo en cuenta las opiniones expresadas por las mujeres de las comunidades locales afectadas.

Finalmente, ponemos a disposición de las víctimas y familiares el directorio de organizaciones que brindan apoyo, asistencia legal y psicológica en casos de violencia por razones de género, el cual, puede ser consultado en www.rednaranja.com.ve